Según la Comuna, los refugios serían donados por una empresa privada y tendrían por finalidad proteger a los usuarios de colectivos urbanos. Es por eso que frente al proyecto estuvo Tomás Marisco, Presidente de Bahía Transporte Sapem y secretario privado del intendente y no la cartera de Obras Públicas como debió ser. A raíz del incidente, tanto Gay como Marisco fueron consultados por distintos medios para conocer quién había construido las garitas, dato que se negaron a brindar una y otra vez.

Visto esto, el Concejo Deliberante local decidió convocar a distintos funcionarios, pensando que se estaba ocultando algo. Y así fue. Lo primero que saltó a la luz fue una gran mentira. Marisco confirmó frente a los ediles que las garitas habían sido adquiridas por 180 mil pesos, es decir, 36 mil pesos cada una. Sin embargo, a la hora de presentar las facturas se supo que pagó 191,318 pesos, equivalente a más de 38 mil cada una.

Apurado por la oposición, el hombre de confianza de Gay dijo que no debían preocuparse porque al ser negocio de Sapem -Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria- no se habían utilizado fondos públicos. Falso, si se tiene en cuenta que la participación municipal es del 98 por ciento. Aun así, intentó calmar a la oposición: Aseguró que vendería publicidad para recuperar la inversión.

Ese mismo día también se conocieron otros detalles. Si bien en principio se había lanzado una convocatoria pública donde se presentaron empresas locales que presupuestaron cada garita entre 16 y 24 mil pesos, la misma fue cancelada y se le adjudicó la obra a una firma que no había asistido a la convocatoria: Business.

Guillermo Manrique, Secretario de Infraestructura de la Comuna, confirmó ante los concejales y la prensa que fue el propio Gay quien decidió dar de baja el concurso público. El dato de color es que la firma beneficiada es, también, dueña de la pantalla de LED con fines publicitarios colocada estratégicamente en el centro bahiense, que difundió permanentemente los spots del actual intendente durante la campaña electoral 2015.

Héctor Gay, que en su campaña aseguró ser el espejo de la transparencia, anuló el proceso de licitación una vez que ya había una empresa ganadora. Se trataba de Torroba Ingeniería, con 20 años de experiencia y 300 refugios instalados en la ciudad. El propietario de la firma, Raúl Torroba, aseguró que su proyecto era totalmente distinto, tanto en costos - cada garita estaba presupuestada en 21 mil pesos-, como en diseño.

Por su parte, los concejales de Integración Ciudadana decidieron hacer su propio estudio de costos: Una estructura como la instalada fue presupuestada en 9 mil pesos de materiales y 7 de mano de obra. Es decir, tanto Torroba como los concejales se alejaban considerablemente de los 38 mil pesos finalmente pagados por Sapem para un producto con claras deficiencias.

Por un lado o por el otro, el costo final de las 150 garitas que Sapem y Gay decidieron abonar muestra un sobre precio de 2,5 millones de pesos, con respecto a lo presupuestado. Si bien los costos no fueron lo único que llamó la atención, esto sirvió para que un amplio sector político comparara el accionar con Coprotur, organismo creado en gestiones anteriores para hacer espectáculos públicos y que tuvo sobre costos de 14 millones de pesos comprobados.

Otro de los puntos oscuros es la clara deficiencia estructural que presentaron los polémicos refugios. En la ciudad conocida como "La de los vientos", que una ráfaga de 38 kilómetros por hora los haya desarmado es, por lo menos, alarmante. En este caso, sólo hubo consecuencias materiales que de hecho, sirvieron para impedir la colocación de los restantes 145 y para que se sepa, que además, las cinco instaladas no tenían habilitación ni permiso del uso del espacio público.

De hecho, la Sapem al ser una Sociedad Anónima no puede hacer uso del espacio público sin autorización previa. Pasó un mes desde el incidente hasta que decidió presentar un expediente solicitando el debido permiso, motivo que alteró más al sector político. Carlos Fabaro, por ejemplo, dirigente del GEN, sostuvo que lo ocurrido y lo declarado "dejaba sin margen de continuidad a Marisco como presidente de la Sapem".

Ahora bien, el Concejo Deliberante sigue esperando que Gay brinde explicaciones de lo ocurrido. De hecho, llama la atención puertas adentro que aún no se hayan tomado medidas contra su secretario privado y responsable de este escándalo donde se mostró la ineficiencia para tomar decisiones. Nadie entiende, públicamente, por qué no sancionó ni a Business ni a Marisco, aunque la conclusión es simple: el negociado no era del peón, sino del rey. De lo contrario, que lo desmienta con hechos.