"Es necesario conocer detalles de los costos de los equipos, la instalación y los estimados y presupuestados para el funcionamiento del sistema, contando con información exacta y oficial sobre el monto total de la adquisición de las doce videocámaras y con qué recursos se hizo frente a la erogación, así como del proceso de selección y la razón social del proveedor", señaló la concejal Marita Gelitti.

Añadió Gelitti que "también es preciso saber los detalles sobre los sitios donde se instalarán las mismas y, en su caso, los aspectos técnicos evaluados para decidir su ubicación y, asimismo, el personal que se afectará al monitoreo, franja horaria, funcionario responsable del mismo y lugar físico donde se desarrollará la tarea".

La instalación de cámaras de vigilancia es una respuesta a la inseguridad que no da tregua, que esconde un formidable negocio que está siendo asignado a dedo, en el que muchos intendentes bonaerenses compran el hardware y software sin licitación.

Según un articulo del diario Clarín (ver Seguridad urbana: un negocio millonario que se decide a dedo), "la parte más espectacular del negocio son, sin duda, las cámaras de seguridad. El plan bonaerense prevé la instalación de 5.000 cámaras en toda la provincia, que deberán controlar las principales arterias y los puntos más conflictivos de cada municipio. Para eso calculan gastar 205 millones de pesos del envío extraordinario del gobierno nacional. Cada municipio debe instalar entre 39 cámaras (en Ituzaingó, una jurisdicción pequeña) y 400 (en La Matanza), de acuerdo a sus dimensiones".

Es posible, entonces, que el gobierno del FpV haya desdoblado la compra, cuyo monto no trascendió, para evitar la licitación pública.