"Es un hecho aislado. Nosotros negamos rotundamente que en la gestión del intendente Domingo Amaya exista lo que alguna vez se denominó la 'Municipalidad paralela'". De esta manera, el secretario de Gobierno municipal, Marcos Díaz, descartó de plano la línea investigativa de la Justicia que apunta dilucidar si es que actualmente coexiste una estructura por fuera del ámbito administrativo legal, destinada a recaudar tributos.

El martes pasado, el fiscal de la Vº Nominación, Washington Navarro Dávila ordenó un allanamiento en un lavadero industrial, que sería propiedad de uno de los tres inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) denunciados en octubre pasado por -presuntamente- recaudar tributos municipales en nombre del erario de la capital.

En esa requisa, el funcionario judicial constató la existencia de 12 máquinas de grandes proporciones que son utilizadas para lavar ropa proveniente de hoteles, hospitales y sanatorios privados. Según informó una fuente desde Tribunales, los investigadores se llevaron una sorpresa al encontrar, además, expedientes de una oficina de la Dipsa. También hallaron un pistolón calibre 32, una cartuchera con proyectiles que corresponderían a esa arma y 28 cartuchos de escopeta. El funcionario judicial también solicitó a entidades bancarias y emisoras de tarjetas de crédito que informen sobre los movimientos de las cuentas de los trabajadores municipales. La intención era demostrar si el nivel de vida que llevan condice con el ingreso que percibían mensualmente (unos $ 5.000, en promedio) como empleados municipales.

El objetivo de Navarro Dávila es comprobar si, además de la Dipsa, existirían irregularidades en otras reparticiones municipales. Al ser consultado por LA GACETA, Díaz aseguró ayer que el escándalo ocurrido en la repartición en un "hecho aislado". "No existe ninguna 'municipalidad paralela'. Hemos alcanzado un importante nivel de institucionalidad. Lo que pasó en la Dispa son situaciones aisladas de empleados infieles. Fue un problema entre una empresa y los empleados. Además, fue el municipio quien alertó la situación y lo denunció a la Justicia", explicó el funcionario amayista.

Seguidamente, Díaz se encargó de aclarar que no hubo daño patrimonial para el municipio. "La presunta estafa no se concretó ya que nunca el municipio dejó de percibir los tributos. Se actuó preventivamente y el hecho fue denunciado inmediatamente. Además, el propio intendente se puso a disposición de la fiscalía para aportar toda la documentación que se crea necesaria", aclaró. Sobre la situación laboral y legal de los tres empleados de la Dipsa, Díaz expresó: "cuando se conoció la denuncia, los empleados fueron apartados preventivamente de sus cargos. Los trabajadores fueron sumariados y actualmente no están cumpliendo funciones. Su situación dependerá de lo que resuelva la Justicia". "En una planta de 5.000 empleados, es probable que se pueda filtrar alguna situación irregular", agregó el secretario de Gobierno.

La investigación

La pesquisa comenzó en octubre del año pasado. Según consta en la causa, se denunció a los inspectores por haber hecho de gestores para el pago de tributos que nunca fueron rendidos en las arcas municipales. El hecho salió a la luz luego de que una empresa solicitó que se le expidiera un certificado de libre deuda, pero la Dirección de Ingresos Municipales le respondió que adeudaba más de $ 1 millón por el Tributo de Emergencia Municipal (TEM).

De acuerdo a la información que pudo reconstruir LA GACETA, la firma involucrada había solicitado un informe impositivo a la Dirección de Ingresos Municipales porque necesitaba realizar una operación comercial con otra firma mayorista del medio. Fue allí cuando la empresa constató que su dinero nunca había ingresado al erario capitalino.