La emergencia habitacional se venció en noviembre pasado, y si bien hubo un proyecto del Ejecutivo para ampliar los términos de la misma e incorporar los conceptos económicos, el conjunto de los ediles rechazaron la propuesta por considerar que se excedían las facultades. Por ello, el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas volvió a presentar un texto alternativo que busca “agilizar” todos los trámites en esa área específica para promover loteos sociales y financiamiento para planes.

“La idea es que se agilicen determinados tramites”, expresó Zamora en diálogo con KM FM. El funcionario indicó que en algunas ocasiones se demoran los financiamientos por los tiempos que requieren ciertas ordenanzas. “No se está a la altura de la emergencia y los tiempos que tienen que ser ya, el objetivo es retomar las facultades que tenía este Instituto cuando fue creado, y después se produjo algo que no concordaba, por una lado estaba la emergencia y cada tantos nos retocaban las facultades”, resaltó.

La iniciativa propone la creación de un "régimen excepcional de funcionamiento de la administración municipal", con un año de vigencia, dirigido a "acelerar el proceso de soluciones eficaces y eficientes a la problemática inmediata de la falta de acceso a la tierra y la vivienda para el hábitat social". En ese marco el Instituto recuperaría la mayoría de las facultades que le fueron recortadas cuando el Concejo modificó el marco legal del organismo.

El estado de excepción planteado le permitirá al Instituto "adquirir y/o transferir bienes muebles e inmuebles a título oneroso o constituir sobre ellos derechos reales", la adopción de nuevos sistemas constructivos y "mejores programas de vivienda" y constituir "derechos reales de garantía" sobre los inmuebles del Banco de Tierras Municipal.

Uno de los aspectos controvertidos del proyecto es la imposición de un plazo de diez días a las áreas municipales que deban intervenir en la aprobación de los futuros planteos urbanísticos. En esa línea se propone que los proyectos que necesiten aprobación del Deliberante "tendrán carácter de pronto tratamiento con Preferencia I", se impone similar celeridad a las prestadoras de servicios y se suspende la declaración de vedas climáticas.

La declaración de emergencia contempla la definición de un "orden de prioridades" para el reparto de soluciones habitacionales entre los inscriptos del registro Único de Demandantes que tendrá en cuenta la situación socioeconómica del grupo familiar, su integración, los años de residencia en Bariloche, entre otros aspectos. En los fundamentos se destacan los "grandes desequilibrios urbanos y ambientales" que enfrenta Bariloche producto del "crecimiento anárquico, sin control y con planificación discontinua".