El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) y un oficial ayudante de la Policía que cumplía funciones de instructor de ese establecimiento fueron condenados a pagar más de 150 mil pesos a una mujer, por la muerte de su hijo, en ese momento cadete del instituto.

En el fallo también se señala que en el supuesto "de no contar con fondos la Fundación y /o el oficial condenado, subsidiariamente deberá hacerse cargo del capital y las costas el Gobierno de la Provincia".

El principio

El 23 de noviembre de 2006, con motivo de una clase práctica conocida como "combate policial", en la que se encontraban unos sesenta cadetes en el predio del Aero Club de General Alvear, se simulaba una situación de conflicto en la que el personal debía proceder conforme las tácticas y formaciones propias del grupo de combate a fin de disuadir a una supuesta manifestación, donde intervenían dos grupos de aspirantes -uno masculino y el otro femenino- actuando primero el masculino como policías y el femenino como manifestantes, cambiando luego esas posiciones.

Durante esa situación el joven Mauricio Aranda, de 24 años, que participaba de esa actividad, "golpeó con su cabeza los brazos que en forma de cuña tenían dos aspirantes. El "choque" provocó un traumatismo cervical en la víctima, lo que determinó una cuadriplejia por luxación de columna cervical. Falleciendo en terapia intensiva del hospital Schestakow de San Rafael un día después.

Responsabilidades

El caso tuvo un primer capítulo donde el juez en primera instancia (Cuarto Juzgado en lo Civil) resolvió en favor del Instituto y el instructor, al señalar que "existió culpa de la víctima", argumentación rebatida por los los jueces Alberto Luis Staib (como opinante), Gustavo Colotto y Graciela Mastracusa, integrantes de la Tercera Cámara de Apelaciones.

Así se señala que durante el ejercicio (que se hacía por primera vez) "hubo muchos empujones, se tornó media pesada la cosa, medio bruta, habían golpes por lo que dio por terminado".

Sin embargo los hombres (que hacían de policías) reclamaron "una revancha" y así se invirtieron los roles "con una característica muy singular: los petisos adelante y los más altos atrás".

En esa circunstancia la víctima se encontraba en la fila de adelante "avanzando normalmente", cuando la manifestación llega a la policía. Ahí empezaron los empujones de la policía contra los manifestantes y nuevamente los gritos...".

Y fue la declaración la cadete María Lorena Trincado cuando señaló que "estaba en el medio de la formación, cuando Aranda, no se cómo hizo, pero metió la cabeza dejado de mi brazo. Yo estaba tomada de ambos brazos con mis compañeras y sentí como si se quebrara una rama seca...".

El reclamo

Nora Liliana Coria, madre de la víctima, inició una demanda contra el Instituto y el oficial instructor que, en una primera instancia, fue rechazada.

Así el caso llegó a la Tercera Cámara de Apelaciones la que resolvió admitir la demanda por daños y perjuicios y condenó al Instituto y al oficial Ortiz a pagar la suma de 150 mil pesos (con más los intereses por cinco años de litigio) y en caso de no contar con los fondos suficientes, subsidiariamente deberá hacerse cargo del capital y las costas (unos 70 mil pesos) el Gobierno de la Provncia de Mendoza.