Susana Trimarco y referentes del ámbito periodístico, de seguridad, juristas y funcionarios gubernamentales disertaron en la jornada de ayer en el marco de una serie de actividades confeccionadas por la Fundación María de los Ángeles. Se hizo hincapié en la necesaria condena a quienes consumen a la mujer como objeto.
Ayer, en conmemoración de un nuevo aniversario de ese lamentable suceso que cala muy hondo en la historia y presente de nuestra provincia, se concretó una jornada de reflexión e información sobre el contexto y particularidades en torno de tal hecho de ilicitud y emparentado con la prostitución que, hasta no hace mucho tiempo atrás, llegó a ser naturalizado por la sociedad. De esta jornada participaron personalidades del ámbito periodístico nacional, funcionarios imbuidos en la temática, dirigentes políticos y representantes del fuero judicial y fuerzas de seguridad.
"A lo largo de todo este tiempo pude cargar el gran peso de esta mochila que me ayudó a aprender mucho y crecer como mamá y persona, me fortaleció el mismo dolor para luchar y decirles a esos delincuentes que no voy a bajar los brazos, a seguir luchando. He movido muchas cosas de las cuales estoy orgullosa", indicó Trimarco. Asimismo, destacó que es necesario concientizar y difundir las características propias de este tipo de delito ya que anteriormente al caso de su hija "nadie ha estado preparado para enfrentar este drama, ni yo, ni los periodistas, gendarmería y policía".
En este sentido, consideró que todas las objeciones que ella misma ha efectuado a la labor concretada por las instancias de poder y fuerzas del orden ante las imperfecciones en el tratamiento investigativo de los casos de Trata se relacionaban con "críticas constructivas que no perseguían afectar a nadie en especial, ni al jefe de policía o al ministro de seguridad. No puedo inventar cosas que no corresponden, lo hago para que haya buenos policías y funcionarios para que todos nos comprometamos para frenar este delito".
A su vez, la madre de Marita espera que la justicia demarque un momento en el cual se efectivice el juicio oral y público contra los 13 procesados de haber participado en el secuestro, en tanto que en alusión a la normativa legal anti-trata que se instauró en el país, recalcó que "es una herramienta muy importante y un paso gigante en Argentina, pero pienso que hay puntos que modificar para que la ley proteja a la víctima y no al delincuente que debe pagar por lo que hace porque es un delito que afecta a los derechos humanos y destruye a las familias".
Por su parte, la supervisora de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas (dependiente del Ministerio de Seguridad de la nación), Zaida Gatti, fue contundente al resaltar que "gran mayoría de la gente piensa que las mujeres están en un prostíbulo porque quieren, cuando en realidad se encuentran en esa situación de manera involuntaria y sufriendo todo tipo de coacciones". Siguiendo este lineamiento, la funcionaria estipuló que los prostíbulos existen "porque la sociedad considera que sea así al creer que con ello habrá menos violaciones en la calle".
En tanto, la periodista Marta Dillon aseguró que "este delito necesita de la complicidad del cliente. Actitud propia de un sistema patriarcal que ve a las mujeres solamente como objetos. La trata existe, en sus múltiples facetas de violencia, por ello es nuestra obligación hacer visible lo que tiende a ser ocultado y develar lo hay más allá de la superficie".
En representación de la Fundación María de los Ángeles, hizo alusión al respecto la abogada María Rosa Ponce quien sostuvo que "la sociedad se asienta en el prejuicio y decreta que la víctima es una tonta por ingresar en el mundo de la prostitución y mucho peor al considerarla una loca por no poder salir de allí". Insistió además en la necesaria interiorización sobre los aspectos de estos sucesos: "Se trata de un delito que nunca terminamos de aprender porque la perversidad no tiene límites que puedan llegar a ser comprensibles".
Fany Mandelbaum, Gabriela Arias Uriburu (cuyo marido secuestró a sus hijos y los llevó a Jordania) y Hugo Cabral fueron otros de los oradores en la disertación.
Una ley que tiende a ser perfectible
La diputada nacional Stella Maris Córdoba, al momento de su alocución, destacó la sanción de la ley anti-trata, pero destacó una serie de objeciones hacia la normativa que facilite la investigación penalización de los proxenetas:
"No concuerdo con la necesidad de indagar sobre si la víctima (mayor de 18 años) dio su consentimiento al momento de ejercer la prostitución. Nadie puede consentir ser vejado, esclavizado y violado".
"Si es considerado un delito aberrante, no es concebible que la pena mínima sea sólo de tres años y excarcelable. Da cuenta de una vulnerabilidad de la víctima frente a la capacidad organizativa de estas mafias".
Asimismo, Córdoba manifestó que existe "una falta de perspectiva cultural y educativa para abordar la complejidad de este delito, donde deben incorporarse elementos relacionados con el ámbito de los Derechos Humanos. Necesitamos democratizarlas fuerzas de seguridad para avanzar en la lucha de tan lamentable flagelo".
Doble moral en el ámbito de la política
Una de las figuras destacadas que participaron de la conferencia realizada ayer, fue el periodista Rolando Graña, quien condujo programas de investigación que tuvieron como temáticas sobresalientes indagar sobre las vinculaciones entre mafias y poder político: "La prostitución es una caja de felicidad para políticos y policías, es una industria que necesita una mano de obra, que son los cuerpos de las mujeres, cazadas como animalitos, explotadas, cada mujer esclavizada deja diez lucas por semana quizás más plata que vender droga. El tipo que hace el laburo de quebrar a una mujer, ponerle el cigarrillo en la mano, darle mera para que este contenta y pastillas para que este dormida y si rompe las bolas inyectarla para calmarla, ese tiene una grado elevado de responsabilidad. Pero se espera de los funcionarios públicos que no se hagan los boludos. Del proxeneta no se espera nada porque se dedican a cometer ese delito, pero los funcionarios no pueden tener una doble moral, proteger el bienestar social y luego participar y cobrar de una industria como esta".


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