luego de la decisión de la Justicia de no dar lugar a los recursos presentados por los comerciantes, por lo que deberán adecuar en forma inmediata marquesinas y espacios de veredas a la nueva Ordenanza consagrada hace más de un año.

El Director de Bromatología de la Municipalidad, Guillermo Romero, expresó que la medida es para “reordenar el espacio público y controlar la cuestión de invasión y de paso aprovechamos para verificar las habilitaciones de cada uno de los locales”, dijo el funcionario, recordando que la línea amarilla pintada a 60 centímetros de la línea de edificación es el límite para la colocación de mercaderías.

“Estamos realizando esta tarea con la Policía, con los departamentos de Tránsito y Calle. La municipalidad envió a personal de Tránsito y de Obra Privada”, detalló Romero para explicar que con esta actuación se quiere facilitar el tránsito peatonal y quien vaya a comprar “lo haga con total libertad de movimiento y el vendedor desarrolle su actividad respetando los límites que se le otorgó. Sólo les pedimos a los comerciantes que distribuyan sus mercaderías pero dentro de la zona que se les indicó”, haciendo referencia a la línea amarilla.

“El interés de la comuna pasa por preservar la seguridad de las personas. Queremos que todos tengan sus libertades. Vayan a comprar o no, las personas que pasen por allí deben tener todas las garantías de seguridad”, continuó.

La decisión del municipio fue tomado de buena manera por los habituales transeúntes que a diario realizan trámites en entidades de la zona, como bancos. Por su parte, los comerciantes que fueron inspeccionados se fastidiaron con la medida por lo inmediato e inflexibilidad de los inspectores.

“La municipalidad restringe el libre comercio”

Como reacción a la operación conjunta de la Municipalidad capitalina y la Policía, los comerciantes del “Mercadito Paraguayo” califican la liberación de las veredas y la limitación de las marquesinas como una restricción al libre comercio.

La abogada de los comerciantes, Pamela Bogado, sostuvo que “se inició un trámite administrativo por lo que las medidas como éstas deben paralizarse hasta que se agoten todas las etapas recursivas. Se iniciaron en 2009 y hasta el momento no ha habido notificaciones en tal sentido”, al tiempo que negó haber sido notificada del fallo de la Justicia al que se refería ayer el representante legal de la Municipalidad capitalina.

“Esta causa esta incluída desde el momento que fue publicada la ordenanza. Si bien toda ordenanza entra en vigor a partir de su publicación, debe haber una notificación a cada particular. Los comerciantes habían solicitado una notificación de las razones de la ordenanza pero esa notificación jamás llegó”, continuó.

“Al haber presentaciones de los comerciantes, debería haber notificaciones para cada uno de los traficantes. Hasta ahora no hay ninguna notificación de tal medida. No está claro cuál es el interés público determinado para sacar las marquesinas, y se viola un derecho adquirido”, indicó.

Como argumento de sus expresiones, Bogado sostuvo que existe un perjuicio para el desarrollo normal del comercio “debido a que las marquesinas es un elemento que tiene una utilidad para el comercio, es una restricción. La municipalidad tiene un poder discrecional pero debe ser acorde al interés público”.

“La manera en que actúa la Municipalidad muestra un ejercicio abusivo de su poder porque ni siquiera hacen un procedimiento como corresponden es que no acataremos la medida, no sabemos que pasó que se notificó. No tenemos conocimiento de ninguna sentencia”, continuó.