Aunque usted no lo crea, una medida de fuerza puede extenderse por más de cuatro años consecutivos sin obtener respuesta. Los trabajadores del Patronato de Liberados de la Provincia confirman esta sentencia: en junio de 2009 a raíz de las demandas incumplidas del Ministerio de Justicia y Seguridad decidieron hacer un quite de colaboración al seguimiento y control de las personas con detención domiciliaria. ¿Cuál es la consecuencia de esto? En el Partido de General Pueyrredon sólo 7 personas, con cargos jerárquicos, tienen bajo su responsabilidad vigilar que 200 detenidos en esta condición efectivamente se queden en su casa.

La lucha del personal del Patronato de Liberados, afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado, se libró en 2009, cuando a nivel provincial el gremio decidió “no realizar más tareas para las cuales ni la institución ni su personal estaba predestinada”.

Según explicó a 0223 Mariela Torres, trabajadora social, la ley 12.256 –de Ejecución Penal- “no asignaba al Patronato la custodia de personas no liberadas” y sin embargo “durante años, el personal cumplió la tarea de controlar detenciones domiciliarias”.

Recién en agosto de 2011 la Provincia realizó su primer y único pronunciamiento sobre el conflicto que rodeaba al Patronato de Liberados. Mediante la sanción de la ley 14.296, que modificó la 12.256, se incorporó como tarea de la institución al control de los arrestos domiciliarios.

El artículo 20 señala que la “libertad condicional, la libertad asistida, las salidas transitorias, la detención o prisión domiciliaria, y el arresto domiciliario con monitoreo, o cualquier otra medida sustitutiva o alternativa a cumplirse total o parcialmente fuera de los establecimientos penitenciarios serán supervisadas por el Cuerpo de Agentes de Prueba dependientes del Patronato de Liberados Bonaerense”, sin perjuicio –como se aclaró- de que el control se pueda “coordinar con otros organismos estatales” como el Servicio Penitenciario o la Policía Bonaerense.

“El problema –marcó Torres- es que estas modificaciones no están reglamentadas, y por ende no tenemos motivos para reconocerlas. El ministro (de Justicia y Seguridad, Ricardo) Casal se comprometió a que los gremios y los colegios profesionales pudieran participar de la implementación de la ley. Pero a la fecha, estamos esperando.

Frente a este panorama, que para Torres demuestra el “sistemático vaciamiento de la Provincia a sus instituciones sociales y de inclusión”, sólo 7 personas controlarían en General Pueyrredon a unos 200 ciudadanos con arresto domiciliario.

La referente de ATE en el Patronato advirtió que hasta tanto la reglamentación de la ley 14.296 “no sea puesta en discusión con el sindicato y sus trabajadores” no se la acatará, y por ende la medida de fuerza de 2009 proseguirá su rumbo esperando no cumplir los cinco años.

Desbordados

Torres pronunció la palabra desborde cuando habló sobre la cantidad de expedientes que gestiona semanal, quincenal o mensualmente cada trabajador del Patronato de Liberados. Según indicó, a nivel provincial “los compañeros llegan a tener a cargo hasta 120 carpetas” para el seguimiento y control de las personas que procesadas o condenadas con algún tipo de morigeración en la prisión o detención.

“Está muy desproporcionada la cuestión. Justamente por eso estamos iniciando una medida de acción que tiene que ver con llegar a la proporción pensada, incluso por los legisladores, que es la atención de 30 personas por trabajador social, pensando que además apunta al grupo familiar y no sólo a la persona que llega a la institución”, explicó Torres, que aseveró que frente a esa demanda “la respuesta institucional volvió a ser nula”.

En Mar del Plata, para variar, existen barrios enteros sin asistente social asignado. Resulta que por diversos motivos, algunos trabajadores dejaron sus puestos laborales y jamás fueron suplantadas por nadie.

“Y como el Patronato tiene asignación territorial de trabajo –apuntó Torres-, todas esas zonas hoy atienden la emergencia por el trabajador social que esté en ese momento en la zona. Pero nada más. Estamos hablando de no menos de 10 barrios”, deslizó la joven, preservando adrede el nombre de esos territorios.

Ninguna con “gorra”

A mediados de esta semana, la Provincia se reunió con parte de la dirigencia de ATE. Entre otras propuestas, ante el pedido de incorporación de personal, el Ministerio de Justicia y Seguridad propuso “sumar oficiales del 911 y de Servicio Penitenciario” para controlar las libertades asistidas.

“Como trabajadores del Patronato de Liberados no vamos a aceptar de ninguna manera el ingreso de personal de las fuerzas de seguridad. No vamos a aceptar nada relativo a cuestiones represivas para con las personas con las que nosotros trabajamos”, advirtió Torres.