Bajo esa máxima, el Centro de Estudios Políticos y Sociales “Justicia Social” de nuestra ciudad envió días atrás una carta al presidente de la Suprema Corte bonaerense (SCJB), con la idea de procurar una mejora en el fuero laboral.

Se pidió, concretamente, la creación de un nuevo Tribunal de Trabajo en el Departamento Judicial Bahía Blanca, a fin de descomprimir la tarea de los dos cuerpos que funcionan desde su creación, en 1948, y hasta la actualidad.

La misiva, destinada al doctor Daniel Fernando Soria, se cursó a un año de haber realizado un reclamo similar, aunque sin observarse modificaciones importantes.

La exigencia de “Justicia Social” se conoció días después de un informe publicado por "La Nueva.", que daba cuenta de un promedio de ingreso diario de 6 a 7 demandas en la Justicia de Trabajo local.

De hecho, especialistas en el tema, como la jueza Fernanda Zuázaga y los abogados laboralistas Máximo Levi y Jorge Morresi, coincidieron en reafirmar la necesidad de crear un nuevo tribunal, a partir del aumento de acciones por desempleo y también de la litigiosidad de los casos, que inevitablemente genera un cuello de botella.

El licenciado Néstor Trabucco, secretario de Planificación de la SCJB, había enviado una respuesta el año pasado, con tres aspectos definidos para tratar de optimizar la labor: controlar la gestión, mejorar los espacios y los recursos humanos.

“Las medidas enunciadas se cumplieron parcialmente”, explicaron desde “Justicia Social”, desde el momento que -según aseguraron- los Tribunales de Trabajo sí han tenido control de gestión, pero no hubo grandes cambios en la estructura del inmueble de Sarmiento 32 y tampoco se reforzó la planta de personal.

“Las sentencias continúan resolviéndose en un tiempo aproximado de dos a tres años y, en caso de apelación, de cuatro a seis años. Por consiguiente, las medidas adoptadas por el alto tribunal no han provocado cambios sustanciales en las condiciones para litigar”, señala la nueva carta de la agrupación, que lleva las firmas de Hugo Márquez, Marta Castaño, Victoria Cabrera y los doctores Carlos Moro, Andrés Sigampa, Fernanda Bonomi y Glenda Steinbruch.

“Reafirmamos nuestra convicción: el origen del retardo de justicia que afecta a los trabajadores es la falta de magistrados, empleados y espacios físicos adecuados para las tareas a desarrollar”, opinaron.