El foro "Por una nueva Ley de Contravenciones" insiste con su pedido a los poderes Ejecutivo y Legislativo locales que se instrumente una nueva normativa orientada a la aplicación de políticas públicas de seguridad democrática y para ello considera necesario la conformación de una mesa interinstitucional de diálogo que avance en tal sentido para elaborar un proyecto al respecto.

De esta forma, lo pretendido es la derogación del actual Código de Contravenciones Policiales que rige en Tucumán y la creación de uno nuevo acorde a los estándares de derechos humanos que impone las Constituciones Provincial y Nacional, además de los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

"La actual ley fue declarada inconstitucional en octubre del 2010 y funciona como una herramienta de control social y cultural que se encuentra en pugna con los principios constitucionales y de derechos humanos que sientan las bases de nuestro ordenamiento jurídico", señala en sus fundamentos el Foro, integrado, entre otros, por ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), FADETUC (Familiares de Desaparecidos - Tucumán), INADI, ABROJOS (Colectivo de Educación Popular).

Cabe recordar que en su fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación decretó que el Código Contravencional tucumano sancionado en 1980 "no está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo y ha lesionado en el caso la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho a la libertad".

Esta Ley, sostiene el Foro, es utilizada como el único medio idóneo a fin de prevenir delitos en nuestra provincia, "no advirtiendo que, en materia contravencional, la principal característica no es el estado pre-delictual sino el mantenimiento de la convivencia social". Ante ello, se resalta que es un "instrumento del modelo de políticas de seguridad represiva, de reacción, en donde el conjunto de la sociedad pierde el contacto cotidiano con el Estado".

Entre las cualidades negativas que se objetan figura que no se prevé la utilización de medios probatorios suficientes y eficaces para acreditar la contravención cometida y la autoría de la persona detenida por causa de ella. Suele limitarse a las declaraciones de los propios agentes que realizaron la detención. Además, se menciona que otorga al mismo órgano de la Administración (Jefe de Policía) facultades de acusación, investigación y juzgamiento. Hasta el momento, la Comisión de Seguridad de la Legislatura no inició el tratamiento de una nueva normativa