La iniciativa retoma y actualiza el proyecto del legislador chubutense que obtuviera sanción unánime del Senado en 2008, pero que no fuera tratado por la Cámara de Diputados. De acuerdo a sus fundamentos, “el vacío legal existente en la materia deja en manos de los jueces la necesidad de brindar soluciones concretas en cada caso, las que suelen ser diferentes entre si, generando así inseguridad jurídica tanto al Estado como a los ciudadanos, todo esto a contramano de la mayoría de las provincias, en donde existe una adecuada regulación para este tipo de demandas”.

En este sentido, la propuesta busca dar un marco adecuado para que el Poder Judicial pueda encauzar por “un sendero coherente y previsible” las relaciones conflictivas entre los ciudadanos y el Estado nacional y sus entes.

A favor

“La regulación del proceso contencioso administrativo no es un instrumento contra el Estado, ni contra los particulares. Todo lo contrario: es a favor. Del ciudadano, porque da certezas y garantiza sus derechos y a favor de la Administración porque encauza los conflictos y le señala cómo debe actuar hacia el futuro”, puntualizó Guinle.

“Entre los múltiples desafíos que encara el país, y la necesaria

transformación y mejoramiento de la calidad institucional, es necesario avanzar en una normativa que regule el proceso judicial en el que el Estado Nacional sea parte, con reglas claras, transparentes, estables; generadoras de seguridad jurídica en un ámbito singularmente sensible para la debida protección de los derechos individuales y la no menos importante preservación de las prerrogativas estatales”, agregó.

En este sentido, “luego de haber trabajado durante largo tiempo, inclusive con el concurso de quien fuera uno de los juristas más prestigiosos del país, como el Dr. Julio Comadira, quien falleció en 2005, entiendo necesario avanzar con una norma absolutamente equilibrada, que permita garantizar a los ciudadanos y al Estado la mejor defensa de sus intereses y derechos”, concluyó.