Al no sumarse por una decisión política, no está obligado a contestar las consultas de los ciudadanos dejando así bajo un manto de oscurantismo el uso de los fondos públicos que administra hoy.

La licenciada Marina Carbajal, Subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia del Ministerio del Interior de la Nación, dialogó con Radio Uno para explicar que esta ley, la Ley de Acceso a la Información Pública “reglamenta la posibilidad que tiene el ciudadano de preguntarle a los funcionarios público, qué se hace con los fondos públicos, a dónde va a para el dinero de una licitación, cómo se calcula el haber jubilatorio, el estado en que está una obra, entre otras cosas”.

Aseguró Carbajal que “hemos tenido muy buena respuesta por parte de casi todas las provincias que adhirieron a esta ley que se reglamentó a principios de este año y que tuvo media sanción el año pasado, pero es una ley nacional y para que tenga vigencia federal, cada provincia deberá adherir a ella”.

A partir de la entrada en vigor de la ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información pública en manos del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial y deberá tener una respuesta en tiempo y forma en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15.