Producto de la involución que en seguridad se acumuló en el curso de los últimos años, se pueden identificar -al menos- tres grandes problemas. El primero de ellos consiste en la baja calidad institucional y en la deficiente coordinación interinstitucional entre los poderes y organismos del Estado; en segundo término, sobresale el bajo nivel de prevención del delito, tanto en lo que hace a la prevención social, como a la actividad de vigilancia policial; y el tercero, que es consecuencia de los dos anteriores, y que radica en la falta de confianza en los sistemas policial y de justicia penal, que ciertamente no responden a las necesidades y expectativas genuinas de la comunidad. A su vez, los problemas identificados se correlacionan con los errores de las políticas públicas y se agravan por la menor importancia que los gobiernos asignan a la compleja problemática de la seguridad/inseguridad, minimizada por las estadísticas policiales, que son objeto de una fuerte manipulación en procesamiento de datos y cifras, como también en la formulación de los resultados.

Desconciertos y confusiones

Atravesamos un ciclo de desconciertos y de confusiones en los planos político y policial. En lo que respecta a la institución policial, la degradación de su funcionamiento es la consecuencia del modelo de formación bajo el cual fue entrenado el personal; este es el mal de raíz, que hizo que tengamos una policía estancada en el período inicial del siglo XX, sumamente atrasada, ineficiente y con escasa profesionalidad. Se sumaron los desaciertos políticos que se fueron acumulando a través de sucesivos gobiernos, como también el desconocimiento de cómo funciona la fuerza de seguridad, las frecuentes purgas en la cúpula, los ascensos masivos, inmerecidos y acelerados a niveles superiores, la deficiente infraestructura en equipamiento y tecnologías, los edificios policiales obsoletos y los bajos salarios, de tal gravedad que la mitad del personal tiene ingresos de indigencia y dos tercios perciben sueldos de personas en situación de pobreza. Por estos factores, el policía no sabe bien hacia donde debe ir, a quién obedecer, si trabajar a destajo o a reglamento, si mirar para otro lado o comprometerse con el servicio a la comunidad. Sin embargo, nadie atina a revertir la curva negativa que potencia el mal desempeño de la fuerza de seguridad.

Por si fuera poco, un porcentaje importante de los escasos recursos de la institución policial son destinados a servicios que no tienen nada que ver con la seguridad colectiva. Se asignan cientos de policías, en horario de servicios pagados por el Estado, para cuidar propiedades particulares y edificios públicos, mientras la violencia y el delito hacen estragos en los barrios, donde no se ve un patrullero o un policía. Estos desatinos salen demasiado caro a la comunidad porque no solo son costosos en términos de dinero público malgastado, sino que se termina pagando con más inseguridad y desprotección social.

Histórica desinversión

La desinversión en seguridad no es de hoy. Atraviesa a los últimos seis gobiernos, que contribuyeron a la formación de la profunda crisis institucional de la fuerza policial. Crearon, continuaron o potenciaron el escenario público de creciente inseguridad.

El gobierno actual continúa con esta inercia negativa. No tiene la voluntad política de invertir en seguridad. La inversión prevista para el 2011 es de 4,7% del Presupuesto General de la provincia, algo menor que la del año 2010 y muy por debajo del nivel de inversión histórica para la jurisdicción policial, que osciló en el 8 % en el período 1980/1990 begin_of_the_skype_highlighting 1980/1990 end_of_the_skype_highlighting. El presupuesto de este año no contempla la incorporación de personal policial. Tampoco prevé la regularización de la escala salarial de acuerdo a las pautas contempladas por la ley 1.134, situación que se viene eludiendo desde el 2004, reclamada insistentemente por el personal policial, que ante el incumplimiento del Estado retacea su servicio y prácticamente trabaja a reglamento porque la mitad de la dotación cobra salarios de indigencia y dos tercios perciben remuneraciones de personas en situación de pobreza.

Para equipamiento policial se asignó el mismo valor nominal que en 2010, o sea que en términos reales la inversión en este rubro será mucho más baja por efecto de la inflación, estimada en dos dígitos y medio o más, según las fuentes de publicación. En cualquier caso, con este nivel de inversión será imposible -en el corto y mediano plazo- prestar un servicio de seguridad pública con eficiencia y eficacia.

Falta de indicadores de seguridad pública y control social cero

Los vecinos, para poder evaluar y reclamar en materia de seguridad, deben conocer la cantidad y la calidad del servicio que necesita su barrio y su ciudad. Lamentablemente, la comunidad no conoce los indicadores; por lo tanto, primero se condiciona el reclamo y luego se impide el control social sobre los poderes y los organismos que deben brindar seguridad.

De hecho, la comunidad no puede efectuar ningún seguimiento de las medidas o de los programas en vías de ejecución. Desde estas aclaraciones, se puede entonces comprender que la baja participación colectiva se acumuló a partir de la inexistencia de indicadores de seguridad pública y por la creciente desconfianza social hacia los poderes y organismos del Estado encargados de brindar seguridad pública. Este fenómeno desembocó en el escaso o prácticamente nulo control social sobre el servicio de seguridad que presta el Estado, salvo las quejas.