Plantean que la educación y el empleo deben tener más importancia en las estrategias destinadas a prevenir delitos. En lo que va de 2011, se iniciaron unas 45 causas diarias por robos y hurtos sólo en la Capital y municipios cercanos.
La mayoría de las personas privadas de la libertad, el 51%, pudo terminar sólo la primaria en Salta. En las cárceles hay una diversidad de grupos que alcanzaron niveles intermedios sin llegar al final de la escuela.
Entre los internos, nada más que 6 tienen título universitario y 5 estudiaron en terciarios. En el otro extremo, hay 33 detenidos analfabetos y 9 que ni siquiera saben firmar.
El bajo nivel de educación de los que terminan en el circuito del delito es claro. “Están presos, en gran parte, los que no tuvieron posibilidades de estudiar, los del campo o los de barrios periféricos”, dijo a El Tribuno el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Angel Sarmiento.
“Salta se debía una discusión sobre el tema. En los últimos años, un objetivo prioritario fue elevar la capacitación laboral y la instrucción de los internos para que no reincidan cuando salgan”, aseguró el funcionario.
Vigilancia e inclusión
La provincia tiene unos 8.000 policías, 1.000 más que en 2008. El sistema de emergencias 911 atiende unas 5.000 llamadas diarias, casi el doble que en 2005.
En la Capital hay unas 30 cámaras de vigilancia que siguen cada movimiento de los ciudadanos en puntos considerados estratégicos y se promete agregar 100 nuevas.
Este despliegue de la fuerza de seguridad hasta ahora no puede con la inseguridad. Según la Dirección General de Estadísticas de la Provincia, los delitos contra la propiedad se duplicaron en la última década.
Sólo en lo que va de 2011 se iniciaron 9.200 causas judiciales por robos o hurtos en Salta Capital y municipios cercanos, un promedio superior a las 45 por día.
El doctor en sociología Alberto Noé advirtió que la situación actual no se resuelve con más policías sino ampliando las posibilidades de formación.
“La solución debe buscarse en la educación para el trabajo, lo que implica hacer que los jóvenes tengan salidas laborales. Puede ser que entonces las tasas de inseguridad empiecen a bajar”, señaló Noé.
Diferentes estadísticas hablan de la realidad social de los que llegan a cometer delitos y generan dudas sobre las estrategias de prevención orientadas sólo a la presencia de uniformados en las calles.
De los que permanecen presos, el 20% sufría adicción antes de llegar a la cárcel; el 60% no tenía oficio ni profesión al momento de su detención y el 80% pertenece a la clase baja o media baja según datos oficiales.
El Tribuno intentó consultar a las máximas autoridades de la Policía de la Provincia sobre los desafíos que plantea la inseguridad para los próximos años, sin embargo, los funcionarios prefirieron no responder sobre el tema.
“Preocupa la violencia”
El demógrafo e investigador Mariano Boleda manifestó preocupación por la agresión asociada a los robos. “El costado más grave de la inseguridad no es tanto el delito contra la propiedad como un aspecto que está vinculado, la violencia”, señaló Boleda.
El profesional consideró a la inseguridad como un problema que tiene una dinámica compleja y debe evaluarse en relación con el crecimiento de las ciudades y la situación social.
“Cuando la población crece, todo crece. Hay más médicos, maestros, medios de transporte... Lo que hay que analizar es si el delito subió a tasas asimilables al incremento en la cantidad de habitantes”, sostuvo Boleda.
“Muchas víctimas de robos aseguran que los autores eran consumidores de drogas. La adicción creció de una manera exponencial y afecta a las franjas más jóvenes”, indicó.
Comentá la nota