La distribución del subsidio de $ 1.200 a desocupados desató una marea de denuncias, acusaciones y quejas entre los dirigentes del oficialismo. El plan contempla la creación de 250 cooperativas de 60 personas cada una, que deberán realizar obras y servicios públicos. El inconveniente se disparó porque el reparto del beneficio fue discrecional, ya que los interesados debieron anotarse en municipios y comunas del Gran San Miguel de Tucumán, todas conducidas por el alperovichismo.

El propio titular del Instituto de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), Regino Racedo, reconoció que durante el fin de semana debió atender a numerosas personas que se acercaron a su oficina para conocer cómo acceder al plan. A todas, explicó, las derivaron a las diferentes administraciones. A la redacción de LA GACETA también llovieron los llamados anónimos de personas que denunciaron haber sido discriminadas en el reparto y que muchas cooperativas fueron integradas por punteros políticos del justicialismo y allegados a funcionarios. "Les explicamos que nosotros sólo hacemos la constitución de las cooperativas y que la inscripción debe efectuarse en municipios y comunas", detalló Racedo.

Fue tal la ebullición que despertó la asignación del programa "Argentina trabaja" que el cupo inicial de 15.000 subisidios de $ 1.200 cada uno concedido por la Nación a Tucumán ya fue cubierto. "Nosotros ya tenemos presentadas las 250 cooperativas con sus 60 integrantes. Incluso, hicimos un primer control en el que detectamos que alrededor de un 15% de los inscriptos ya gozaba de otro beneficio social. Por eso, le informamos a cada municipio de procedencia para que los reemplace", añadió el titular del Ipacym.

El porcentaje de bajas, según estima el funcionario, será aún mayor cuando las fichas sean enviadas a Buenos Aires para su aprobación final. Ocurre que, cuando el Gobierno nacional corrobore los datos de los inscriptos en su base de datos, surgirán nuevas incompatibilidades. Esto, teniendo en cuenta que los postulantes no deben tener ingresos ni gozar de un plan social (pensión no contributivas, jubilación, programa Jefes de Hogar, entre otros). "Este plan sólo es compatible con el pago de la asignación universal por hijo menor de 18 años. Si goza de algún otro beneficio, el inscripto rebotará en el sistema", especificó.

Racedo insistió en que los cupos fueron cubiertos, y que sólo en caso de que se den de baja a algunos inscriptos podrán sumarse nuevos beneficiarios. Respecto de los inconvenientes y las quejas, afirmó que durante el fin de semana corrigieron numerosos problemas, como mala confección de los números de documento o casos de personas que figuraban inscriptas en dos cooperativas. "Queremos terminar de chequear todo antes de que termine el mes para que los beneficiarios puedan cobrar en diciembre", auguró Racedo.

El pago será bancarizado a través del Banco Nación. Cada cooperativa deberá elevar un proyecto para realizar durante los seis meses, cuya ejecución será fiscalizada por los municipios y las comunas. Además del pago mensual, cada cooperativa recibirá $ 250 mensuales por persona, que se acumularán para ser entregados al final.

El intendente de Simoca pide que se incluya a su municipio

En una primera etapa, el destino de los planes de $ 1.200 del programa "Argentina trabaja" serán 15.000 desocupados de los municipios del Gran San Miguel de Tucumán. Sin embargo, en el interior ya reclaman por su implementación. Es el caso del intendente de Simoca, el radical Luis González. El opositor dijo que mucha gente le pregunta por el plan. "Confío en que también llegará a las zonas más pobres de la provincia. La gente me consulta y debo explicarle que lamentablemente a nosotros no nos toca. La visión de la Nación sobre los problemas es muy distinta a la que tenemos nosotros en el interior. Ojalá que esto se modifique en breve", aseveró González.