Los Concejales del Frente Progresista Cívico y Social, Germán Bottero, Atilio Pignoni y Luis Peretti, presentaron la semana pasada en el Concejo Municipal un pedido de informes vinculado con la denuncia realizada con la Provincia por la falta de colaboración por parte de la Municipalidad para actualizar el Impuesto Inmobiliario.

Concretamente, los ediles quieren saber "cuál es la metodología que utiliza la Municipalidad de Rafaela para actualizar en la Provincia la base imponible del Impuesto Inmobiliario; si esa normativa se cumplió normalmente durante los últimos años y si existió una negativa del Departamento Ejecutivo Municipal para celebrar un convenio entre la Municipalidad de Rafaela y la Provincia de Santa Fe que permitiese a esta última actualizar la base de datos".

En los fundamentos, el radical y los demoprogresistas señalan que "Rafaela es una ciudad que posee una base de datos catastral actualizada. Hace unos pocos meses atrás el Concejo votó una prórroga para que puedan regularizarse la presentación de expedientes de obras privadas y toda esa información está en poder del DEM".

"Con esta información la ciudad no debe incurrir en gastos extras (como sería el generarla) y transferirla a la Provincia entendemos que no demandaría grandes dificultades para adecuar la base catastral provincial", dicen y concluyen recordando que "según declaraciones periodísticas funcionarios provinciales del área manifestaron que la ciudad no habría prestado su consentimiento para firmar un convenio de actualización de datos, por lo que con este pedido queremos solicitar aclaraciones al respecto".

Recordemos que hace poco más de un mes se hizo público que un total de 60 mil inmuebles con mejoras sin declarar fueron detectados por la Provincia en distintas localidades del centro y sur santafesino, lo que permitió regularizar 5 millones de metros cuadrados, que se incorporan al impuesto inmobiliario urbano.

Estas cifras implican ingresos adicionales por 3,5 millones de pesos, cuya mitad se coparticipa a los municipios, pero constituyen la punta de un iceberg, no sólo porque las deudas son en promedio de tres años, sino porque, proyectadas a toda la Provincia podrían dar como resultado que un 30 por ciento de lo edificado no está en los catastros provinciales.

A esto se suman los 784 mil metros cuadrados sin declarar detectados en los puertos del cordón, y los de la zona industrial de nuestra ciudad, donde se detectaron 55.321 metros cuadrados no declarados, que representan el 18,61 por ciento respecto del total edificado.

Según se expresa en una nota del diario La Capital de Rosario, en la mayoría de los casos, esto fue posible merced a convenios que se celebraron con los municipios, aunque el secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Sergio Beccari, advirtió que se pueden hacer sin la colaboración de los Estados locales.

Según el funcionario, el trabajo comenzó con la llegada de Binner al sillón del Brigadier, con un entrecruzamiento de datos. "Se usaron imágenes satelitales, la base de datos de Aguas Provinciales y los registros comunales. Hay 25 localidades que firmaron convenios y queremos incorporar a otras 15", señaló el funcionario.

El medio rosarino aclara que en muchos casos, la irregularidad se daba por una demora de los municipios en transmitir la información a la Provincia, y en otros porque los propietarios encaraban las mejoras sin pedir los permisos de edificación. Para los Estados locales, la regularización también es importante ya que el inmobiliario se coparticipa en un 50 por ciento a las arcas municipales. "Los municipios tienen la obligación de remitir a la Provincia la información catastral en un plazo no mayor a 60 días, pero estos plazos muchas veces no se han cumplido", reveló Beccari.

Entre otras, Ingresos Públicos firmó convenios con Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Esperanza, Baigorria, Arroyo Seco, Fighiera, Oliveros, General Lagos, Bermúdez, María Teresa, Las Rosas, Las Parejas, Venado Tuerto, San Justo, Coronda y Firmat.

POLEMICA

También se hizo la propuesta a Rafaela, pero en este caso, y según la queja de la Provincia, el Gobierno local no se aviene a firmarlo.

"Rafaela se contenta con tener esos registros para cobrar sus tasas, y no eleva los números", protestó Beccari. De todos modos, esto no impidió que se hiciera relevamiento preliminar y permitiera detectar mejoras catastrales no declaradas en 4.521 propiedades urbanas, un total de 394.719 metros cuadrados que equivalen a un 13 por ciento sobre el total de inmuebles.

En otros casos, los resultados fueron asombrosos, ya sea en términos absolutos como en el porcentaje no declarado de la edificación total.

En Villa Gobernador Gálvez, por ejemplo, se detectaron 1.122.032 metros cuadrados sin declarar, es decir, un 60 por ciento de la superficie total construida. En Baigorria fueron 939.312 metros cuadrados, un 83,5 por ciento de lo edificado. En General Lagos, el porcentaje asciende al 95,6. Pero en metros cuadrados, los 228.218 detectados son sustancialmente menos que los 936.374 que se encontraron en San Lorenzo, aunque el porcentaje en esta última ciudad es de 37,2.