“Desde nuestro bloque entendemos que se trata de una iniciativa de enorme relevancia para nuestro país; y una satisfacción que a través de este proyecto legisle sobre un aspecto no regulado en nuestro ordenamiento jurídico, que se encamina a proteger los intereses de los productores argentinos y de la nación en general, por lo que seguramente acompañaremos en general, sin perjuicio de las modificaciones o aportes que podamos efectuar en el tratamiento en particular.

Resulta fundamental limitar la posibilidad de la adquisición de tierras rurales de nuestro país por parte de extranjeros, al igual que lo contemplan diversos países de América Latina y de Europa, entre otros”, explicó el legislador nacional sobre la iniciativa presentada el miércoles por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En otro parte, Oliva afirma que “se advierte claramente un notable el incremento de las extensiones de tierras que han sido adquiridas por capitales financieros extranjeros en los últimos años, muchos de ellos con sólo fines especulativos sin haber sido incorporadas a procesos de producción.

El diputado nacional destacó que comenzó un trabajo en conjunto con el ministro de la Producción de la Provincia, Ing. Luis Gelid, pues reconoció que es el ámbito de la administración provincial específico para en análisis del proyecto.

“Dado que seguramente se abrirá un debate en el que se incorporarán algunas modificaciones, hemos resuelto invitar a efectuar aportes a las diversas entidades de la Provincia, como asimismo convocar a distintas organizaciones de productores de Santiago del Estero, para escuchar las diferentes posturas respecto del tema en debate, y receptar las sugerencias que se formulen al respecto”, indicó.

“Sin perjuicio de las propuestas que se vayan a efectuar, no tenemos dudas que en general va a contar con el acompañamiento de todos los sectores y de la mayoría de los bloques de la cámara de diputados”, agregó.

Cabe aclarar que la norma limita esas transacciones poniéndole un límite de mil hectáreas para un mismo titular. Asimismo, para el caso de sociedades, pone topes máximos para la participación extranjera.

También se limita en un 20 por ciento "toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional" respecto de las personas y empresas.

Por último, Oliva aseguró: “Resulta bien ilustrativo algunos aspectos de los fundamentos del proyecto, como por ejemplo, que no significa desalentar las inversiones extranjeras, que no sólo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera, sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros que, de profundizarse, comprometen objetivos estratégicos, vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país.

Siendo la tierra un recurso estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social, se impone dictar una legislación tuitiva, para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables”.