El Ministerio de Medio Ambiente dio el puntapié inicial al proyecto provincial para dar un tratamiento adecuado a los residuos electrónicos que, tal como lo establece el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente, por su peligrosidad requieren un “gestión diferenciada”. Ese primer paso se dio con la firma de un convenio entre la cartera que conduce Daiana Hissa y la empresa puntana Frade Informática SA, que desde el 9 del corriente mes es la encargada de reciclar los equipos informáticos en desuso del ministerio y de garantizar que esos residuos no tengan el mismo destino que el común de la basura urbana.

“La idea es que se sume el resto de los ministerios y en algún momento llegar a sumar a la comunidad en general, pero vamos despacio porque dependemos de la capacidad de las operadores de ir recibiendo y absorbiéndolos”, explicó Esperanza Alonso, jefa del Programa Gestión Ambiental y Control de Contaminación. La funcionaria señaló que comenzaron a trabajar con la empresa Frade pero esperan incorporar otros operadores que permitan ampliar la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (conocidos con la sigla RAEE) que son gestionados de manera sustentable.

“Queremos ser prudentes y que no nos pase lo que le pasó a Macri, que hizo una campaña de recolección de pilas y baterías y después resultó ser que no tuvo dónde llevarlos”, advirtió Alonso, quien señaló que los RAEE no deberían tener el mismo destino que el resto de los residuos urbanos dado que contienen sustancias químicas tóxicas y metales pesados y, al mismo tiempo, materiales valiosos como oro, plata, platino o cobre.

“Esos metales incluso pueden exportarse y, de eso modo, en lugar de terminar en un basural, los residuos son reinsertados en el circuito económico”, señaló Alonso, quien explicó que como fase final, lo que no se puede rescatar luego de las distintas etapas, va aun operador de residuos peligrosos y no a un relleno sanitario común.

El 4 de mayo, el Senado nacional dio media sanción a un proyecto de “Ley de Basura Electrónica” que establece, entre otras cosas, la extensión de las responsabilidades legales y financieras de las empresas hasta el final de la vida útil de sus propios productos y la creación de una infraestructura a nivel nacional para un tratamiento adecuado de los RAEE.