El Ejecutivo municipal presentará en los próximos días una demanda de desalojo ante la Justicia civil con el fin de recuperar las instalaciones del puerto San Carlos, que siguen ocupadas por la ex concesionaria Emprendimientos Bariloche SA.

La intendente provisoria María Martini firmó el pasado 23 de abril la rescisión del contrato de EB por diversos incumplimientos relacionados con obras de infraestructura no ejecutadas y también una deuda millonaria del canon obligatorio que nunca pagó.

Tal como suponían las autoridades municipales, Emprendimientos Bariloche no dejó el puerto en forma voluntaria y el Estado deberá tramitar el desalojo por vía judicial.

Los empresarios intentaron un último recurso con un pedido de "vista" de las actuaciones, que extendió los plazos durante cinco días hábiles.

Pero el viernes la asesora letrada del Ejecutivo, María Marta Peralta, confirmó que ya todos los pasos están cumplidos y el municipio tiene las manos libres para promover el desalojo. Dijo que realizará la presentación antes del próximo miércoles.

Peralta aseguró que estaba a la espera de un informe del área de Inspección General sobre las habilitaciones comerciales de la pista de patinaje sobre hielo y de la sala de recitales Puerto Rock, que tenían acuerdos con EB y que funcionan en el edificio a recuperar.

En principio, esos emprendimientos podrían continuar su actividad, aunque ya no reportarán a la ex concesionaria sino al municipio.

El puerto San Carlos está ubicado frente al Centro Cívico y nunca registró el movimiento de embarcaciones y excursiones lacustres para el que fue proyectado. Esa fue la razón esgrimida por Emprendimientos Bariloche para desentenderse de las obras y dejarlo virtualmente abandonado.

La recuperación del predio completo le permitirá al municipio darle una fisonomía acorde con lo que se espera de una ciudad turística y también podrá aprovechar el enorme playón ubicado desde el puerto hacia el Oeste, que serviría -por ejemplo- para aliviar el estacionamiento vehicular en la zona céntrica.

Peralta dijo que las normativas a aplicar en el desalojo no son las mismas que en cualquier conflicto entre privados. El municipio invocará una ley provincial que permite fijar "plazos acotados" para la recuperación de bienes del dominio público, cuando el desalojo amerita un trámite sumarísimo en función de las "facultades superlativas del Estado".

Según lo afirmado por Martini cuando emplazó por última vez a la empresa, la deuda que acumuló Emprendimientos Bariloche con el municipio ronda los 2,5 millones de pesos, sólo por canon, a los que habría que agregar una cifra aun mayor por multas derivadas de los incumplimientos.