Así se informó desde la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario al indicar que estas acciones se iniciaron por ahora en Coronel Juan Sola (más conocido como Morillo), en la zona norta, y en Molinos, en la zona de los Valles Calchaquíes.

Mientras, y más allá de las intenciones de empezar a ejecutar las acciones establecidas por la Ley, hay jueces que siguen adelante con las presiones a los campesinos por las causas que tienen en sus juzgados para llevar adelante los desalojos.

Entre ellos, los campesinos señalan en el norte provincial a la jueza Ana María de Feudis. Y es que, si bien se suspenden los desalojos, algunas fuentes dijeron que la Ley no suspende los efectos del Código Civil, No obstante, reconocieron que lo que permite la Ley es abrir un espacio de negociación.

El jefe de Programa de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, Pablo del Pin, explicó a Nuevo Diario que por el momento el único relevamiento específico con el que se cuenta es el del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), entendió que solo tendría registrado un 30% del total de los campesinos en la provincia.

Ni el Censo Nacional de 2010 ni el Agropecuario de 2008, en tanto, tienen datos válidos para calcular la cantidad de campesinos en la provincia. Explicó que ante ello se diseñó un formulario que ya fue bajado a las organizaciones campesinas para que puedan hacer sus aportes, dado que serán las que trabajarán directamente "porque son los conocedores del territorio". Paralelamente a este trabajo, dijo, se trabaja en la capacitación y asesoría sobre marcos jurídicos de la tenencia de la tierra a fin de que puedan conocer sus derechos y, de ser necesario, se presenten a pelear por sus tierras ante la Justicia