La mano se viene dura para los que le dieron pata a la topadora y voltearon hectáreas y hectáreas de monte nativo sin autorización y violando las normas. La Agencia Córdoba Ambiente acaba de mandar a la Justicia las primeras 15 demandas ejecutivas para cobrar las multas impuestas por sucesivos desmontes.

"¿Quién dijo que las multas nunca se pagan? Por primera vez en la historia ambiental de Córdoba se están ejecutando esas multas", le dijo a Día a Día Raúl Costa, titular de la Agencia Córdoba Ambiente. El mensaje que pretenden enviar es claro: "A los productores que no le daban importancia a las multas que se les labraban, les estamos demostrando que aquí las infracciones se pagan", dijo el funcionario, en tono envalentonado.

Pase por caja. Las primeras 15 demandas se iniciaron a partir de un acuerdo firmado con la empresa Kolektor, que colabora con Rentas de la Provincia en la gestión de cobranza de morosos. Como se trata de demandas de tipo ejecutivas, "la única defensa que puede oponer el infractor es haber pagado la multa", dice el funcionario, ya que de lo contrario procede la ejecución del monto reclamado, con embargo de la propiedad del acusado.

En la mayoría de los casos, se trata de infractores del noroeste cordobés, mayoritariamente de los departamentos de Cruz del Eje, Ischilín, Pocho y Minas. Y se les reclama el pago de multas por infracciones fehacientemente comprobadas. Según Costa, se comenzó con "infractores importantes y también reincidentes". En total, los reclamos superan los 400 mil pesos.

Sin embargo, desde Ambiente señalan que éstas son sólo las primeras 15, porque ya tienen listas otras 30 carpetas para mandar a juicio ejecutivo antes de fin de mes.

Controles. En la actualidad, la Provincia sólo se está valiendo de dos métodos para intentar controlar la voracidad de los desmontes.

Uno de ellos, es el de las denuncias, es decir, recibir las llamadas que advierten de algún desmonte, tras lo cual proceden a constatar.

El otro método es una red de "colaboradores honorarios". Se trata de lugareños, personas particulares que trabajan en forma voluntaria para Córdoba Ambiente, poniendo al tanto a las autoridades acerca de cualquier novedad en los montes. "Son personas que hemos capacitado y que se dedican a avisarnos", dijo Raúl Costa, señalando que no están posibilitados de labrar actas.

De cualquier modo, por una u otra vía, desde la Agencia aseguran que se constituyen en el lugar en un plazo de 48 horas para labrar las actas de las infracciones.

Llamativamente, no se está utilizando ningún tipo de sistema satelital para la detección de áreas desmontadas. "No tenemos nada de eso, pero la idea es hacerlo en breve", dijo Costa, señalando que en el plazo de un mes tendrán a disposición una avioneta para tomar imágenes aéreas. La idea es comparar esas fotografías con imágenes anteriores provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

Denuncias y desmontes. "Ha bajado muchísimo la cantidad de denuncias", aseguró Costa. Lo que no supo responder es si esta baja se debe a que hay menos desmonte, o si es que ya queda menos monte por talar. "Preferimos pensar lo primero: que es consecuencia del endurecimiento de los controles", concluyó el funcionario provincial.

Para la Rural es una caza de brujas

Muchos de los productores alcanzados por estas multas son personas que recurrieron al desmonte para destinar esos campos a la siembra de soja.

De esta situación son conscientes los miembros de las entidades agrarias, que reconocen algún tipo de excesos, pero a la vez aseguran que ya no se está desmontando. "En muchos casos, nos hacemos cargo de que se han hecho barbaridades con el desmonte", dijo Mariano Andrade, director de la zona Córdoba de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Pero a continuación señala que eso pasaba "cuando no había una normativa clara sobre los desmontes".

Por ello Andrade, quien ayer participó de una reunión de la Mesa de Enlace en Córdoba, aseguró sin titubeos que "el primer conservador del ambiente es el productor agropecuario", señalando que lo que se busca es una explotación "sustentable". Por eso, sostuvo que "en muchas ocasiones estas multas son una suerte de caza de brujas", denunciando que "no todos están capacitados como corresponde para labrarlas".

En términos más prudentes, señaló que la Sociedad Rural fomenta "no sembrar sobre las áreas de bosque nativo, ni voltear ni un árbol más", pero criticó el proyecto de ley que pretende clausurar el bosque a todo tipo de explotación. "Entendemos que el bosque nativo se debe explotar racionalmente, volcándose a sistemas que pueden convivir perfectamente con el ambiente, como el silvopastoreo", concluyó el especialista.