El Tribunal de Contralor inició un juicio de responsabilidad contra las autoridades y ex funcionarios que participaron de la contratación de empresas privadas para prestar la seguridad del vertedero hace más de dos años. Consideran que no se respetó el proceso licitatorio correspondiente y que una de las firmas que facturaba 60 mil pesos por mes ni siquiera estaba inscripta en la AFIP. Acusaciones cruzadas entre los involucrados.
La resolución emitida ayer por el órgano de Contralor, narra todo el proceso de la investigación que derivó en este juicio, y que cuestiona lo actuado para contratar a las empresas Ultravisión SRL y Myra SRL.
Los pagos, según se desprende de la resolución del Tribunal, fueron autorizados por el Intendente, por el Secretario de Economía, Jorge Temporetti, y el de Gobierno, Nelson Vigueras. Incluso está registrada la negativa de la Dirección de Contaduría de firmar una orden de pago “por no respetarse la Ordenanza de contrataciones”. Indicaron, al respecto que “no se está cumpliendo con la normativa de contratación pública, que no se cumple con la ordenanza 1861-CM-08 de llamado a licitación pública y al solicitar constancia de inscripción ante la AFIP de la firma Ultravisión SRL se verifica que ésta no se encuentra inscripta en el impuesto a las ganancias y consta como actividad principal la venta al por menor de artículos nuevos”.
En marzo de 2009, Raúl Benitez, responsable de Ultravisión SRL, realizó declaraciones a medios de comunicación manifestando que “hicimos un contrato de palabra”, involucrando a los ex-funcionarios Sr. Roberto Molina y Adolfo Fourés.
El último día de ese mes, se abrieron los sobres de la licitación para la seguridad en el vertedero, y sólo se presentó la firma CBS, impugnada tanto por Ultravisión como por Myra.
En su declaración, Fourés expresó que la empresa Elite, que estaba custodiando anteriormente el vertedero, tuvo “conflictos gremiales, y dejó de prestar sus servicios”, por lo que “el agente municipal Alejandro Nahuelquín le plantea la necesidad y urgencia de poner y contratar una seguridad nueva”. Según el Tribunal, Fourés reconoció que “Molina no le dio buenas referencias de la empresa (Ultravisión), pero no había alternativas inmediatas para evaluar otra opción”. En su declaración, el secretario de Gobierno recordó que el 28 de mayo se fueron del Centro Cívico “porque perdieron las elecciones”.
Sin embargo, Molina declaró que la firma Elite prestó servicios desde el mes de diciembre de 2007 hasta el 30 de abril de 2008, y que a mediados de ese último mes “Foures le ordena que debía cesar Elite porque se iba a contratar otra empresa”. A diferencia de lo manifestado por el ex secretario de Gobierno, Molina calificó el servicio de Elite como “correcto, ya que estaba controlado el tema incendios e ingreso de personas ajenas al área”. En cambio “notificó en forma verbal en más de una oportunidad a Foures sobre las falencias de Ultravisión, ya que no contaba con los requisitos exigidos por la Policía de Río Negro”.
A fines de 2009 también declararon Temporetti y Vigueras ante el Tribunal de Contralor. El primero dijo desconocer si Ultravisión estaba contratada “porque no había papeles, ni licitatorios ni de contratos”; y que “sólo autorizó un pago en el mes de diciembre, porque el Secretario de Gobierno lo autorizó”. También manifestó que “él firma la autorización de pago por orden del Intendente”.
Por su parte, Vigueras dijo que tomó conocimiento de la situación “con nota del Intendente a quien se le presentó una factura por parte del Sr. Raúl Benitez diciendo que había prestado servicios”, por lo que “comienza a investigar”. Aseguró al Tribunal que otra firma (Myra) prestaba los servicios en el vertedero y que “se enteró de esto porque un medio de comunicación se lo dijo”, ya que “no le consultaron el cambio de la firma”. Vigueras aseveró que “nadie habló con él de pagos, todo se decidía en Economía”.
Ya en febrero de 2010 el Contralor citó a Cascón, pero éste respondió con un escrito, por lo que el Tribunal le remitió un cuestionario. Ante las demoras, se le aplicó una multa de mil pesos. Luego, contestó las preguntas con “imprecisiones y escasa información”. Paralelamente, se multó al Secretario de Gobierno, Jorge Franchini, con 1.500 pesos por “entorpecer el cumplimiento de decisiones” por instruir a Personal que no realice el descuento al jefe comunal. Agotada la instancia investigativa, el Tribunal inició formalmente l juicio de responsabilidad. (ANB)
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