Durante un mes se develará otra vez cómo funcionó el aparato represivo que montó el último gobierno militar en Tucumán. Los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz volverán al banquillo de los acusados desde el próximo martes, acusados por el fusilamiento de cinco militantes políticos de la Organización “Montoneros”, ocurrido el 20 de mayo de 1976 en el Barrio Echeverría, de la capital tucumana, en la denominada causa “Romero Niklison”.

En la primera jornada del juicio se espera la lectura del requerimiento a elevación a juicio que realizó en su momento el fiscal federal Emilio Ferrer, quien acusó a Menéndez de ser coautor mediato penalmente responsable, del allanamiento ilegal producido en el domicilio de calle Azcuénaga Nº 1816 de San Miguel de Tucumán, ocurrido día 20 de mayo de 1976, “en horas cercanas al medio día, llevado a cabo por personal perteneciente a la Vº Brigada de Infantería del Ejército conjuntamente con fuerzas pertenecientes a la Policía de Tucumán”. En ese entonces, Menéndez se desempeñaba como Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

También lo acusó del homicidio, con alevosía, con el concurso de más de dos personas todas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, quienes en ocasión de un operativo de emboscada asesinaron a María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas (“Pepo”); Juan Carlos Meneses (Miguel Angel Gonzalez Cano); Atilio Brandsen y Eduardo Gonzalez Paz (“Tomas” o “Martín”); todos ellos militantes políticos integrantes de la Organización “Montoneros”, quienes se encontraban reunidos en la finca señalada, según consta en el expediente judicial.

Las mismas acusaciones son para Albornoz, quien se desempeñaba en el momento de los hechos como Jefe del Servicio de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Tucumán.

De esta manera dará comienzo el tercer juicio histórico por delitos de lesa humanidad en Tucumán. El anterior duró seis meses y finalizó el 8 de julio del año pasado con la condena a prisión perpetua para Menéndez y Albornoz por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los detenidos-desaparecidos en la ex Jefatura de Policía que funcionó en ese entonces como Centro Clandestino de Detención. En ese debate también fueron condenados los ex policías Luis y Carlos De Cándido.

Una vez iniciado el debate, debutará como Fiscal General Leopoldo Peralta Palma, quien asumirá el papel en representación del Ministerio Público que en los dos primeros juicios estuvo en manos de Alfredo Miguel Terraf, quien ya concretó su retiro jubilatorio. En tanto, habrá una sola querella, representada por la abogada María Alejandra Niklison, hija de una de las víctimas.

Del otro lado, se sentará el defensor Público Oficial, Ciro Vicente Lo Pinto, quien representará a los dos imputados, luego de que ambos se quedaron sin sus abogados privados.

El debate comenzará el martes, a las 9.30, y continuará el miércoles y el jueves, manteniéndose esas tres jornadas sucesivamente durante cuatro semanas.