La causa por presuntas irregularidades en obras ejecutadas por una cooperativa del programa “Argentina Trabaja”, que tiene por denunciado al legislador oficialista Guillermo Gassenbauer, contará con un nuevo magistrado a cargo. En la semana que pasó, el juez federal N° 2, Fernando Poviña, se inhibió de entender en la pesquisa.

Días atrás, la Cámara Federal de Apelaciones había revocado la decisión de Poviña de archivar el expediente, iniciado por la denuncia de la ex cooperativista Paola Alejandra Ruarte. El tribunal, aduciendo que aún había medidas probatorias que podían llevarse a cabo, se inclinó por reintegrarle el expediente al magistrado.

El titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán recordó ahora por escrito que ya ha emitido su opinión respecto del fondo de la cuestionó. “No existe ninguna constancia en autos que permita corroborar los dichos de la denunciante”, señaló Poviña en su sentencia original, emitida en febrero de 2015.

El juez federal, que había recibido cuestionamientos del abogado querellante y ex legislador radical, Juan Roberto Robles, fundó su inhibición en su postura inicial. “Esta decisión se fundamenta en razones de decoro y delicadeza, y en aras de resguardar el principio de transparencia que debe primar en el proceso penal”, redactó Poviña. Destacó que no estaba cuestionada su imparcialidad, aunque resultaba importante “aventar cualquier tipo de sospecha” que pudiera tener alguna de las partes. Y consideró que correspondía remitir las actuaciones al Juzgado Federal N° 1, a cargo de Daniel Bejas.

Ruarte, oriunda de Villa 9 de Julio, era una dirigente afín a Gassenbauer. Según relató en su denuncia, fue designada como directora de la cooperativa “Narciso Laprida” para la ejecución de obras en el marco del “Argentina Trabaja”. Según dijo, se desempeñó en ese cargo entre 2011 y 2014, cuando detectó una serie de anomalías (como que le habían falsificado la firma). Entonces, recurrió a la Justicia federal, asesorada por el dirigente radical Robles. Allí expuso datos sobre supuestas anomalías (obras pagadas y no edificadas, supuestas maniobras con materiales de construcción, etcétera).

Poviña consideró en febrero de 2015 que, durante la investigación, que no habían surgido elementos de prueba contra Gassenbauer. Pero el fiscal federal Pablo Camuña apeló la sentencia. “Entendemos que el cierre de la pesquisa resulta prematuro (...), debiendo el señor juez de grado disponer lo conducente para la obtención de los medios probatorios que respalden fácticamente la existencia o inexistencia del hecho ilícito objeto de la presente investigación”, indicaron los camaristas Ricardo Mario Sanjuán, María Josefa Cossio y Ernesto Clemente Wayar.