Gracias al apoyo de los diputados, ingresarán a planta permanente 4.673 contratados, algunos de los cuales trabajan en estas condiciones desde hace 20 años. La nueva normativa posibilitará que dentro del ámbito administrativo estatal, los empleados puedan hacer carrera, ascender y lograr mejoras salariales acordes a los niveles de responsabilidad.

No se definió una fecha exac­ta para que el traspaso se efectivice, pero sí un plazo máximo que es de 360 días. La sugerencia fue realizada por Javier Ruiz Álvarez y aprobada por la mayoría del cuerpo parlamentario.

Esta legislación posibilitará mejorar otra situación que venía preocupando, y mu­cho, a las autoridades. El promedio de edad de los trabajadores estatales oscila en los 53 años. Esta planta en­vejecida ocasionará que des­de el año que viene en adelante se jubilen 400 empleados aproximadamente por año. Todos estos cargos va­cantes que irán quedando podrán ser sustituidos por es­tos nuevos ingresos. Las estimaciones que se manejan indican que en los próximos 4 años 1.600 trabajadores del Estado estarán jubilados.

Es importante destacar que las vacantes que se generen no podrán ser ocupadas por cualquier empleado en base a amiguismos. La carrera ad­ministrativa posibilitará a los directores de área que aquellos trabajadores más idóneos puedan ascender en sus cargos gracias a un sistema de créditos. Por ejemplo: quie­nes no tengan título universitario o terciario ten­drán sus posibilidades limitadas.

Los dos requisitos más im­portantes que definirán el tras­paso a la planta permanente son: que los empleados no tengan deudas con el Estado y que no posean antecedentes penales. Otro punto importante es que a­quellos que se capaciten en forma constante tendrán más oportunidades de escalar.

Los legisladores que provienen del ámbito sindical, tal es el caso de Gabriel Pa­che­co (de las filas de UPCN) y Víctor Menéndez (del sindicato de empleados de estaciones de servicio), reivindicaron la determinación del Ejecutivo y el apoyo legislativo a la propuesta. Entre dientes, algunos diputados criticaron la ausencia del legislador y secretario gremial de Stotac Enrique Castro a la sesión.

La mayor cantidad de incorporaciones se realizará en dos áreas: salud y educación. En total son 1.030 ingresos. El diputado Víctor Doña, pre­sidente del Bloque Jus­ticialista, destacó estos pases ya que ambos sectores lo ve­nían reclamando desde hace mucho tiempo.

Por mes, la incorporación le significará al Estado un desembolso de 12.000.000 pe­sos para pagar sueldos, lo que en forma anual significará en el presupuesto $144 mi­llones.

Dos nombramientos en la Justicia

Otro de los temas abordados fue la designación en la justicia de dos nuevos jueces.

Lucía Ercilia Daroni de Pontoriero es la jueza de Cámara de Apelación en el Fuero Laboral y Pablo Se­bastián Flores es el juez a­ho­ra a cargo del Segundo Juz­gado de Instrucción, que re­emplazará la vacante que dejó Agustín Lanciani.

Los ternados por el Consejo de la Magistratura visitaron la Cámara durante la semana. Gracias a las entrevistas que realizaron los miembros de la Comisión de Justicia, se pudo determinar quiénes ocuparían los cargos.

“Los antecedentes de los postulantes eran brillantes. Fue costosa la decisión, pero gracias a un profundo análisis pudimos llegar a un a­cuerdo”, dijo el diputado Ju­lio Coll. El legislador, con abundantes conocimientos en temas jurídicos, dio una reseña detallada a sus compañeros sobre los currículums de los elegidos.

“Queremos mejorar los tiem­pos de actuación de la Jus­ticia, por eso hicimos las e­lec­ciones de las personas que ocuparán tales cargos con mayor celeridad”, concluyó Coll.