Ayer cerca de las 6 de la mañana ocurrió un hecho que complicó aún más la situación en el lugar, cortaron la luz en los complejos habitacionales y los ocupantes denunciaron que fue intencional.

Según Dante, uno de los que mantiene la toma de viviendas con su familia relató a El Comercial lo que aconteció “Nosotros habíamos presentado una nota a la empresa de luz solicitando que nos instalaran la conexión eléctrica. Refsa nos contestó de manera negativa y por esta negativa tomamos la decisión de colgarnos del cable de la luz”.

Poniendo en conocimiento esta situación Dante señaló “El sábado cerca de las 5.40 horas vino la camioneta de la Policía de la provincia con cuatro personas a cortar la luz, no sabemos si esas personas eran de Refsa, y tampoco tenían uniformes de policía, cortaron la luz y se fueron del lugar”, reveló.

Es así que manifestó “Hubo enfrentamientos con los policías que se encuentran apostados alrededor de las viviendas y nos quisieron pegar. Algunos recibieron heridas y ahora existe miedo sobre todo en los niños de las familias que se encuentran aquí”, agregó Dante.

“En ese momento había mucho personal policial además de la Montada y nosotros estamos dispuesto a todo, queremos una vivienda porque tenemos derecho”, enfatizó el ocupante de la vivienda.

En tanto y por esta situación acusó al intendente de instigador “el intendente le da viviendas a policías, concejales abogados, estamos en una situación de marginación, discriminación, el intendente es el que nos molesta y a nosotros nos corresponde por ley tener una vivienda”.

“Todos los que estamos acá somos gente trabajadora, algunos son de salud pública, empleados de empresas privadas, policías, no estoy en contra que se les dé viviendas a los policías pero nosotros también necesitamos”, aseguró Dante.

En este complejo, que ahora se llama 13 de Agosto, por la fecha que iniciaron las tomas, hoy existen cerca de 80 viviendas y hay 4 personas por cada vivienda, todos con familia, informaron.

Antecedentes

Desde que iniciaron la toma los ocupantes esperaban que les tomen los datos y al efecto habían llevado sus documentos, los de su familia pero las asistentes sociales y el abogado les manifestaron que debían cesar en la ocupación puesto que una vez que arreglaran las viviendas recién ahí podrían completar los requisitos para pretender solicitar la vivienda.

Hubo amenazas en referencia a que si sostenían la toma, les iniciarían acciones legales, además podrían perder sus planes sociales y hasta la asignación universal por hijos.

Por otra parte también se les informó que de persistir esa conducta, no podrían solicitar por el lapso de 10 años una vivienda del IPV.

Un interlocutor relató a El Comercial, que él formó parte de la toma de las mismas viviendas hace ocho años y en esa oportunidad funcionarios del IPV, también les prometieron que repararían las unidades habitacionales y luego procederían a entregarlas, pero nada de eso pasó. En esa reunión no pudieron utilizar los planes o las asignaciones porque no existían.