En un año y medio las inspecciones de rutina que los agentes de Tránsito realizan en las calles rosarinas arrojaron un resultado de 119 denuncias penales contra automovilistas que portaban carné de conducir falsos. En algunos casos eran “de buena confección” y similares a los verdaderos.

   De este total, 104 corresponden a conductores que residen en la ciudad y el resto se reparten entre Fray Luis Beltrán, Villa Gobernador Gálvez, Roldán, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Funes, Puerto General San Martín y Timbúes.

Procesados. Tras las correspondientes denuncias hechas por la Subsecretaría Legal y Técnica de la Intendencia ante los Tribunales, la Justicia correccional (competente en estos casos) produjo 94 procesamientos y el resto se encuentra en diferentes instancias judiciales.

   Pero no sólo los imputados juzgados deberán pensar en destinar tiempo y esfuerzo en labores solidarias, sino que el Ejecutivo les reclama una reparación del daño generado por conducir con documentos apócrifos, previsto con una multa de 970 pesos en el Código Municipal de Faltas. Pero además, el juez municipal está facultado para suspender al infractor por 6 meses o más, según la gravedad o los antecedentes de quien portaba el carné trucho.

Tareas comunitarias. Según el informe que elaboró la Secretaría de Gobierno, se han computado entre 2009 y parte de 2010 unos 25 casos de otorgamiento de la probation. De ellos, siete ya pagaron la multa administrativa. Para el Palacio de los Leones se trata de una experiencia inédita por la cantidad de procesados que aceptaron cumplir la condena con labores solidarias.

   Por ello, la asesoría legal del municipio está explorando la vinculación con el gobierno santafesino, a través del ex Patronato de Liberados, con la idea de que este organismo ejerza el control de su cumplimiento. El secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, no descartó la opción de destinar infractores a centros de salud y centros Crecer con el fin de que cumplan la carga horaria.

De 300 a 400 pesos. El director de Tránsito municipal, Mauricio Malano, explicó que “no existe un perfil definido de los portadores de carné apócrifos. En muchos casos existió ingenuidad al pagar por un servicio a falsos gestores para no hacer el examen”. Los secuestros de documentación trucha se produjeron en operativos de rutina, como los test de alcoholemia, de motos, y por mal estacionamiento o doble fila.

   En muchos casos, los compradores de la documentación ilegal llegaron a abonar entre 300 a 400 pesos. Hasta el momento no se piensa en una organización dedicada a estas maniobras fraudulentas, sino en el trabajo de oportunistas.

   El riesgo de licencias truchas es doble. Las compañías de seguro no pagan a quienes sufrieron daños en el vehículo cuando el asegurado tiene carné apócrifo. l