Durante los próximos días el gobierno de la provincia deberá aportar, de sus arcas, más de $120 millones para garantizar la continuidad en la construcción de casas del IPV. Esto debido a que la inflación produjo un importante desfasaje entre el precio real de una vivienda y el índice de referencia que se tiene en cuenta a la hora de realizar la licitación de la obra.

Este problema despertó la indignación de las empresas constructoras que, terminaban trabajando a pérdida según indicaron, y es por eso que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de aportar el dinero faltante. Aunque todo indica que Nación deberá reintegrar los fondos en el corto plazo.

“Como no había índices del INDEC, nosotros teníamos para tomar como referencia el de la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Una vivienda que al mes de abril tenía un costo de $700 mil, cuando lo comparaba con el valor de la vivienda licitada por los índices le daba $500 mil y esta diferencia producía un quebranto de contratos de manera impresionante”, explicó Martín Juncosa (foto), titular del Instituto Provincial de la Vivienda.