En el presupuesto del año entrante, la Provincia solo destinará el 0.02 por ciento para combatir ese flagelo.
Exiguo
En una provincia puente para el narcotráfico a nivel nacional, el presupuesto para la lucha contra las adicciones resulta exiguo.
El 0,02 significa casi tres millones y medio de pesos por año. “Con el dinero que destinan sólo alcanza para pagar los sueldos de los trabajadores de la Secretaría de Adicciones”, dijo tiempo atrás Gustavo Farquarson, exsecretario de Lucha y Prevención contra las Adicciones de la Provincia.
La escasísima inversión deja una señal alarmante de cara al futuro: la ausencia de políticas públicas tanto en materia de salud, de seguridad y de contención social para combatir un flagelo que crece día a día.
Es que las quejas por la falta de asistencia a las víctimas de las adicciones es un reclamo que no cesa. Al igual que el débil esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico. Desde las Madres de Lucha contra el Paco hasta el Instituto de Investigaciones Sociales, Económicas y Política Ciudadana (Isepci), hacen reclamos cada vez más frecuentes ante la inacción del Gobierno de Salta en esta materia.
Lo propuesto para el abordaje contra adicciones representa una suma irrisoria si es que se considera la dimensión de la problemática, vinculada con la vulnerabilidad social.
Falta voluntad política
El Plan Provincial de Lucha contra las Adicciones y el Narcotráfico se diseñó en base a “La Estrategia Antidrogas en el Hemisferio”, que fue aprobada por la Comisión Interamericana contra el abuso de drogas, y adoptada por Argentina en 1996. Con esa plataforma, organizaciones del ámbito apuntan a crear una política pública que no solo garantice la asistencia a los que padecen adiciones y luchar contra la oferta de estupefacientes, sino que el Estado se convierta en un actor que intervenga para modificar las condiciones sociales que contribuyen a fomentar la situación actual. Para ello, diseñó diferentes estrategias de intervención.

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