Francia empezó a instrumentar planes de expulsión de todos los gitanos no franceses acusándolos de actividades delictivas pero sin un proceso legal que determine qué personas cometieron delitos o constituyen una amenaza para el orden público. Poner fin a la actividad criminal es una preocupación legítima del gobierno. Pero la expulsión de ciudadanos de la UE sobre la base de que una etnia comete delitos es una violación de las disposiciones de la Unión Europea sobre discriminación racial, además de violar el derecho a desplazarse libremente de un estado de la UE a otro.

Sin duda las sociedades europeas no deben tolerar la delincuencia ni la conducta antisocial. Pero ningún grupo étnico tiene el monopolio de esas patologías , y todos deben ser iguales ante la ley.

El gobierno francés hace bien en pedir medidas para mejorar el empleo y el desarrollo de oportunidades para los gitanos en sus países de origen (sobre todo Bulgaria y Rumania, en este caso), lo que reduciría los incentivos y la presión para trasladarse a otros países. En respuesta a la posición de Francia, también el gobierno sueco instó a una acción concertada de la UE para impulsar la inclusión de los gitanos.

Los gitanos quieren y pueden integrarse si se les da la oportunidad, como lo demostraron los programas de mi fundación. La mayor parte de los gitanos comparte las aspiraciones de la mayoría de las poblaciones: una vivienda adecuada, una educación digna para sus hijos, empleos que les permitan mantener a su familia y sentirse incluidos. Es porque en su país son objeto de una discriminación y privaciones asombrosas que siguen migrando por Europa.