Los uniformados vieron el auto que en horas de la tarde se desplazaba a gran velocidad por la avenida Kennedy, casi esquina Patricios y al reconocer a sus ocupantes los detuvieron. Para su sorpresa al momento de efectuarles una requisa se encontraron con un envoltorio de cocaína, unos 25 gramos aproximadamente.

Inmediatamente solicitaron la presencia del personal de la División Drogas, que tras efectuar los tests reactivos de rigor confirmó que la sustancia era cocaína. Por esta razón se dio intervención al Juzgado Federal y se procedió a la detención de los dos individuos que fueron trasladados a la dependencia policial. Una vez allí fueron identificados como David Celestino Pacheco (28), más conocido como “Pucho” y Jonathan Ezequiel Vargas (25), ambos residentes de las 1008, se informó.

Cabe mencionar que al momento de la detención, el vehículo era conducido por Vargas, y que no llevaba consigo ningún tipo de documentación, por lo que fue finalmente secuestrado, informó la policía.

La justicia federal ordena la libertad

Con posterioridad trascendió de fuentes policiales que “Pucho” Pacheco es el mismo individuo que fue relacionado oportunamente con un incidente ocurrido en las 1008 viviendas en el que terminara muerto un hombre de nacionalidad paraguaya, en momentos en que varios individuos, entre ellos Pacheco, intentaban cobrarle peaje, según la información periodística de aquella época. Cabe mencionar que mientras aún los efectivos policiales realizaban las diligencias de rigor en el lugar de la detención, recibieron un llamado telefónico desde la justicia federal ordenando la inmediata libertad de los detenidos. Es que al llegar el informe a la jueza Eva Parcio, esta dispuso la libertad a pesar de tratarse de conocidos individuos en el ámbito policial.

La realidad es que la cantidad de drogas, unos 25 gramos de cocaína, son interpretados para la justicia como una cantidad para consumo personal, algo que no está prohibido por la ley. De todas formas, el gran problema que se presenta a la hora de efectuar este tipo de procedimientos, es que la ley no estipula qué cantidad se considera para “consumo personal” y cuanto es considerado para comercialización. Una vez más queda plasmado el esfuerzo policial en estos procedimientos y la falta de soporte desde la justicia a la hora de actuar.