Indignante: empresas de colectivos anotaban a desocupados para cobrar subsidios

Indignante: empresas de colectivos anotaban a desocupados para cobrar subsidios

Cuatro reconocidas firmas de transporte público de la ciudad están en el ojo de la tormenta, luego de que se constatará una maniobra ilegal, en la que “contrataban” a personas desempleadas, para así recibir dinero extra del Estado. Según los investigadores, hay 392 “choferes fantasmas” y un fraude por casi $12 millones.

 

La viveza criolla nacional, ésa mala costumbre que tenemos muchos de los argentinos, volvió a hacerse presente, esta vez en Mar del Plata. Cuatro reconocidas empresas de colectivos “contrataban” a desempleados como nuevos chóferes de las líneas, y de esta forma recibían un suculento subsidio del Estado, que les garantizaba ampliar sus arcas.

La fradulenta modalidad comenzó a principios de año, y tenía como coartada el aumento de los boletos. Las empresas 25 de Mayo S.R.L, 12 de Octubre S.R.L, Transportes Peralta Ramos S.A, y Libertador S.R.L -todas ya investigadas- anotaban en blanco a trabajadores desocupados, quienes habían llevado su CV para obtener un puesto, pero que no habían sido tomados. De esta forma, se transformaban en “choferes fantasmas”.

A mediados de año, la cifra ya superaba los 300, pero hoy en día, ya son 392 los desocupados que fueron hechos pasar por conductores de colectivos, y que se enteraron de su situación cuando fueron a cobrar su mensualidad del seguro de desempleo, y se encontraron con la imposibilidad de ello, debido a que figuraban en Anses y AFIP como empleados en blanco y con sueldos de $20 mil.

Si bien por el momento no hay imputados por este caso de fraude, lo cierto es que esta viveza le costó al Estado casi ¡$12 millones! Lo más insólito es que los dueños de las empresas aseguran que se trató de un error involuntario.

“¿Tuvieron 392 errores de tipeo? Es un escándalo y una burla. Y ahora piden un nuevo aumento, cuando todavía no devolvieron los millones que cobraron y ni siquiera repararon el perjuicio a las víctimas, que no pueden cobrar sus planes asistenciales”, remarcó Julio Hikkilo, abogado de la Casa del Trabajador, una asociación civil sin fines de lucro orientada a la asistencia de los trabajadores.

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