Es por una presunta malversación de fondos por los planes Manos a la Obra en 9 de Julio de la anterior gestión.
Aunque todavía no hay una fecha definida, las fuentes aseguraron que Uzair será citado a declarar como máximo responsable del municipio cuando sucedieron los hechos denunciados, en el año 2006. Y después de la indagatoria, el juez que tiene en su poder las causa, Eduardo Gil, deberá decidir si lo procesa o no.
El proceso judicial arrancó el año pasado, cuando el actual intendente, Walberto Allende, decidió ir a la Justicia Penal para poner en conocimiento las supuestas irregularidades por parte de la gestión que lo antecedió. Denunció una presunta malversación de fondos públicos, tomándose de una investigación que hizo el Tribunal de Cuentas en 2006 el municipio. El organismo de control determinó que de la cuenta de los planes manos a la obra faltaban 303.600 pesos que habían sido girados a rentas generales para otros gastos y sugirió que existía malversación.
La denuncia de Allende generó cruces. Uzair dijo que había una ordenanza que lo autorizaba a usar la plata en otro fin, pero el actual jefe comunal aseguró que el convenio con la Nación prohibe hacerlo. Y como la plata no fue rendida, la administración kirchnerista resolvió cortarle todas las asistencias a 9 de Julio -sólo se siguieron entregando las ayudas alimentarias-.

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