Sin embargo, la Auditoría consignó que la digitalización de archivos no estaba incluido en el contrato marco que invocaban los funcionarios romeristas, y que por ese motivo debían realizar un nuevo contrato, a realizarse dentro de la Ley de Contrataciones de la Provincia.

Los auditores también resaltaron que el gobierno de Romero también incumplió la ley de procedimientos administrativos.

Señalaron que el "encargo" a Plumada -dispuesto en una resolución del Ministerio de Educación y en un posterior decreto que lo ratificó- fue impreciso, pues no definió qué parte del patrimonio bibliográfico y documental se iba a digitalizar, ni la cantidad, ni los plazos ni el importe a pagar.

El informe resalta también que el encargo a Plumada incumplió la ley que creó el SIPADA, un organismo que en teoría debería coordinar la gestión de archivos de la provincia, y que no fue consultado cuando el gobierno de Romero otorgó a la empresa privada la digitalización del patrimonio documental del archivo provincial.