Debido a una disposición judicial, ninguna norma está en vigencia para regular las inversiones inmobiliarias en el sector. * Mientras la comuna pretende que se aplique el nuevo CPU, un grupo de vecinos se opone a la llegada de cualquier vivienda multifamiliar.
El tema no es menor si se considera que la industria de la construcción es una de las más importantes de la ciudad, con un promedio de 400 mil metros cuadrados abarcados al año, lo que supone un movimiento de dinero del orden de los 2 mil millones de pesos, según se indicó.
La Agencia Urbana municipal, a cargo del arquitecto Marcelo Lenzi --bajo cuya órbita se mueve el área de Planeamiento--, ha establecido por estas horas un virtual "silencio de radio", ya que sus funcionarios políticos y técnicos quedaron desacomodados por el conflicto legal que soporta la nueva ordenanza que rige la construcción en parte de los barrios Universitario y Napostá.
La polémica en ese amplio y requerido sector de la ciudad lleva más de una década, con posturas radicales de muchos vecinos, que se oponen a la construcción de cualquier vivienda multifamiliar en la zona, bajo el argumento de que el boom inmobiliario de los últimos años provocó el colapso de los servicios públicos así como afectó negativamente la morfología del lugar.
A su vez, los constructores siguen presentando sus proyectos ajustados indistintamente a "la vieja y a la nueva ordenanza" y, por su lado, el municipio debe evaluar la viabilidad de cada emprendimiento tratando de evitar demandas a futuro.
Un veterano constructor del sector, con activa participación en los colegios profesionales --pidió reserva en sus datos--, reconoció que la situación es "muy preocupante" y por su complejidad pareciera que está lejos de encontrar una solución.
"Si hoy queremos iniciar un expediente de construcción en estos barrios no tenemos una respuesta, nos dicen que volvamos en 10 días. Los responsables políticos están esperando que los abogados del municipio determinen qué actitud tomar y con qué normativa manejarse", señaló.
Pasos. El Concejo Deliberante aprobó las modificaciones a la ordenanza que regula las construcciones en sectores de los barrios Universitario y Napostá por considerar a la medida favorable a la pretensión de los vecinos. Es que de poder construirse edificios de hasta 15 pisos se pasó a admitir otros de apenas 3.
Sin embargo, un grupo de vecinos mantuvo sus protestas exigiendo que se prohíba "todo tipo de construcción" fuera de las viviendas unifamiliares.
En marzo de 2011 recurrieron a la Justicia, logrando que la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendiera la aplicación del nuevo CPU, amparándose en que no se había realizado la audiencia pública que exige este tipo de reformas.
Ante esta negativa a aplicar la nueva norma, el área Legal y Técnica del municipio señaló que, en esas condiciones, volvía a tener vigencia el CPU anterior.
El juez de primera instancia no consideró inconveniente esa decisión, ya que no pueden existir, según mencionó, "lagunas en el derecho" y se debía disponer de un CPU para no detener la construcción.
Los vecinos pusieron el grito en el cielo al conocer esta postura, ya que la medida cautelar les generaba, en la práctica, efectos más perjudiciales.
Reconsiderado el caso, la Cámara decidió en las últimas horas --el municipio aún no fue notificado-- que no corresponde poner en vigencia el CPU anterior para cubrir la no vigencia del nuevo, generando un vacío legal que la propia Justicia sugiere "resolver en el menor plazo posible".
Desde el área Legal y Técnica, la comuna analiza si apelará esta decisión ante la Suprema Corte. "Existen algunos antecedentes en los cuales la Corte pudo intervenir, sobre todo si existe algún tipo de razonamiento absurdo en el fallo", señaló ayer a este diario Santiago Romanelli, subsecretario Legal y Técnico.
Claves
* Están temporariamente suspendidas las últimas reformas al Código de Planeamiento Urbano y también está invalidado poner en vigencia el anterior cuerpo de normas.
* "Es una situación compleja, porque no estamos en condiciones de dar respuesta a los vecinos ni a los profesionales ni a los constructores", dijo el subsecretario Romanelli.
Inversores y profesionales,
a ciegas
El municipio remarcó semanas atrás a este diario los efectos que considera favorables del nuevo CPU: mientras en 2006 el 42% de los permisos de construcción eran para obras en Universitario y Napostá, en 2012 ese porcentaje bajó a 11%, potenciándose otros sectores de la ciudad.
Algunos constructores comentaron ayer a este diario que la nueva normativa volvió inviables muchas inversiones, ya que en los terrenos disponibles se puede construir apenas el 30% --en superficie-- de lo que permitía el CPU anterior. Con ese panorama era imposible amortizar el costo del terreno.
Si bien hace un año el municipio confirmó a los profesionales la vigencia del viejo CPU (debido al freno judicial que sufrió el nuevo), aún hoy muchos no consideran razonable la presentación de proyectos con esa ordenanza, a sabiendas de que al estar judicializada su futuro resulta incierto.
También preocupa a los profesionales la politización que ha tenido el tema, mencionando que "varios políticos en campaña" han tomado la bandera de los vecinos con fines electoralistas.
"Eso genera que no se discuta el tema como corresponde, no se solicita la opinión de los especialistas ni se entiende la importancia de planificar una ciudad", señaló un entrevistado que también pidió reserva de identidad.
Lo cierto es que Bahía Blanca atraviesa un momento insólito. Mientras la normativa que regirá el planeamiento en la zona central sigue esperando ser aprobada por el CD, en los dos barrios emblemáticos para recibir inversiones inmobiliarias no se dispone de regla alguna.
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