El Inadi nacional repudió la discriminación y amenazas sufridas por el comisario retirado Julio César Giménez, hijo de una víctima de la dictadura, en la Policía de Córdoba, y recomendó al gobierno de José Manuel de la Sota que garantice la “integridad física y la seguridad” del oficial retirado y de “todas las víctimas del terrorismo de Estado y/o familiares de las víctimas”. La advertencia involucra al ex jefe de Policía, Ramón Frías, al ex ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y al propio Gobierno provincial.

Ésa es la conclusión de un dictamen del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) del 20 de diciembre pasado, que se conoció días atrás, en el cual el organismo hizo lugar a la presentación de Jiménez, quien denunció haber sido perseguido y perjudicado en su carrera policial y amenazado de muerte Frías, por investigar la muerte de su padre, ocurrida en los meses previos a la última dictadura militar.

Alberto Giménez, ex secretario general del gremio de los Pasteleros, fue asesinado en febrero de 1976 por represores de la D2 -el Departamento de Investigaciones de la Policía durante la dictadura- y los Comandos Libertadores de América, a cargo del capitán Héctor Vergez, uno de los imputados en la megacausa La Perla.

En 2007, su hijo presentó ante la Justicia Federal diversos documentos que vinculaban el crimen con la D2, y se constituyó en querellante de la causa, lo que dio inicio a una persecución en el interior de la fuerza donde revistaba como comisario. 

Frías, entonces director General de la Departamental Sur, ordenó su traslado a la ciudad de Córdoba (Jiménez residía en Marcos Juárez con su familia) y le otorgó calificaciones “significativamente menores” a las conferidas con anterioridad, “a efectos de obstruir su ascenso dentro de la fuerza”, según indica el dictamen de Inadi. Giménez denunció que Frías lo despidió con una frase amenazante: “Seguí con la misma postura, vas a tener el mismo fin que tu padre”. 

En ese marco de persecución, en 2012 el Ministerio de Seguridad (entonces Paredes al frente), dispuso el pase a retiro de Giménez (Resolución 303/12), que en pocos meses pasó de “condicionado” a “definitivo”. Ya retirado, el 28 de diciembre de 2012, el comisario denunciante aseguró haber sido perseguido mientras se desplazaba en su auto con su familia, por dos motos de la Policía que se detuvieron un momento en su casa. Ese mismo día, unas horas antes, Frías había sido designado por Paredes como jefe de la Policía.

Según el Inadi, el hecho de que un jefe policial, treinta años después de la finalizada la dictadura, amenace al hijo de una víctima del terrorismo de estado, “habla a las claras del sostenimiento de esa cultura represora en una fuerza que con ello no cesa de discriminar, perseguir, golpear y amenazar”. “La inacción del Gobierno provincial no hace más que consentir estas conductas” de Paredes y Frías, señala el dictamen Nº 671/13, donde se recuerda que el caso Giménez “no es el único en la Provincia en el que se persigue y se revictimiza a una víctima del terrorismo de Estado”. “Es fundamental que el Gobierno de la Provincia encare la tarea de revisar el rol de las fuerzas de seguridad para evitar que hechos como el denunciado se reiteren”, finaliza el Inadi.