El hecho ocurrió en Rivadavia y se conoció ayer mientras la titular de la DGE daba explicaciones en la Legislatura sobre seis casos de violencia escolar sucedidos este año en diferentes colegios.
Si bien hubo insultos y amenazas, no se produjo agresión física como en otros casos recientes mucho más graves. El hecho se produjo en la escuela 1-515 Leonor Ferreyra, ubicada en la calle Colón, de la ciudad de Rivadavia. Unas alumnas tuvieron una disputa de poca gravedad dentro del establecimiento y una de ellas le contó lo ocurrido a su padre a la salida de clases.
El hombre tuvo una reacción violenta y comenzó a insultar a la maestra de la niña y a personal de la institución. Inmediatamente desde el colegio se dio el alerta a la Policía y la jefatura de la Comisaría 13 desplazó un patrullero.
El padre, que según los efectivos había bebido en exceso, fue trasladado en carácter de demorado a la sede policial. Al mismo tiempo, el personal docente radicó la denuncia en la Oficina Fiscal por amenazas. “Se realizaron las actuaciones y el hombre fue imputado”, confirmaron ayer fuentes judiciales.
La directora del establecimiento se excusó ayer de aportar mayores detalles del episodio y derivó la consulta a la supervisora, Estela Villalba, pero la funcionaria no atendió los llamados de UNO.
Encuentro con autoridades
Abrile de Vollmer se reunió ayer con miembros de la Comisión de Educación y Cultura que escucharon lo que la funcionaria tenía que decir acerca del accionar de su cartera en seis casos de agresiones y abusos sufridos en los últimos meses por docentes y niños en distintas escuelas de la provincia.
La jornada de trabajo se centró principalmente en cómo proteger a los docentes de las agresiones de padres. De esa premisa partieron numerosas ideas, algunas que refritaron propuestas pasadas –modificar el Código de Faltas para sancionar a padres agresores y crear la figura de un defensor de los docentes– y otras no tan comentadas, como la creación de un observatorio de convivencia escolar.
A la salida del encuentro, que duró casi tres horas, la titular de la DGE dijo: “El proyecto de modificación del Código de Faltas que estamos armando es para que se fortalezca la figura del docente, que tenga un trato considerado en función de la tarea que cumple, que sea valorado socialmente como tal, por lo padres, los chicos y la sociedad en general y hará que se apliquen las sanciones que corresponden a los padres que no cumplan con el cuidado de sus chicos”.
Consultada acerca de la necesidad de esta modificación, Abrile de Vollmer argumentó que las agresiones a educadores se han agravado y han aumentado su frecuencia: “Nos preocupa que de parte de la Justicia, que son quienes tendrían la facultad de aplicar estas sanciones, no se ponga un límite a estas conductas inapropiadas de padres que agredan a los docentes. Las normas vigentes nos resultan insuficientes e insatisfactorias”.
Tres son los proyectos que unificarán para una única modificación del código: una iniciativa del diputado Tadeo García Zalazar (UCR), otra de Jesús Riesco (PD) y una tercera del Ejecutivo firmada por el gobernador en julio, que dispone penas y multas tanto para quien cometa una agresión al personal docente y no docente como para aquellos padres que de manera reiterada e injustificada no cumplan, por ejemplo, con los horarios de ingreso a clases y retiro de los menores luego de finalizado el horario escolar.
Las nuevas tipologías de delitos que se contemplarán en este proyecto de modificación aún no están definidas, pero esperan incluir entre ellas el bullying y problemáticas consideradas emergentes. Hoy, en labor parlamentaria, los presidentes de bloques de todos los partidos acordarán un cronograma donde estén concretamente enunciados cuáles serán los plazos para poner en tratamiento los proyectos de modificación de Código de Faltas y aquellos que tienen que ver con medidas de corto y mediano plazo, como el observatorio de convivencia.
El observatorio cumpliría una función de registro, investigación, reconocimiento, seguimiento y evaluación de cómo se están aplicando las políticas públicas en la escuela.
Reunión entre María Inés Abrile de Vollmer y diputados: los temas que se trataron
Sucesos violentos
Durante la jornada de trabajo entre autoridades de la DGE y la Comisión de Educación se discutieron seis casos sucedidos este año en colegios de la provincia y se escucharon las explicaciones de la titular de la DGE, María Inés Abrile de Vollmer, acerca del accionar en cada hecho. No permitieron que la prensa ingresara a la reunión.
Agresiones a docentes
Todas las agresiones fueron perpetradas por madres de alumnos.
Escuela Teniente Félix Origone, de Las Heras: fue a partir de un supuesto caso de secuestro, cuando la madre del niño implicado agredió a la maestra (mayo).
Escuela Jacinto Botana, de San Rafael: una docente y la directora fueron agredidas por la madre de una alumna (agosto).
Escuela Raffo de la Reta en el Barrio San Martín, Ciudad: la madre de un alumno agredió a una docente (agosto).
Agresiones a chicos
Todos los casos están en la Junta de Disciplina.
Escuela Patricias Mendocinas, Ciudad: el 1 de agosto Diario UNO reveló el caso de la niña maltratada por sus compañeras por su color de piel.
Jardín del barrio Batalla del Pilar, Godoy Cruz: una maestra encerraba a un niño de 4 años entre dos puertas como castigo (se conoció en agosto).
Escuela Cristo de la Frontera, Las Heras: la maestra jardinera de la sala de 4 años está imputada por dos casos de abuso a alumnos. Una tercera denuncia está en investigación.
Conclusiones
“Les explicamos a los legisladores cuáles son los procedimientos administrativos que hemos tenido que hacer en todos los casos porque tenemos modalidades de intervención administrativa, separación del cargo si hace falta para facilitar la investigación. También hay docentes que no han sido separados de los cargos y sin embargo, su actuación está en la Junta de Disciplina. Estamos trabajando con las herramientas que tenemos”, dijo la titular de la DGE, María Inés Abrile de Vollmer.
Modificación del Código de Faltas
Unificando tres proyectos (uno de la UCR, otro de la DGE –lanzado en julio– y otro del PD) pretenden darle un marco legal específico a las situaciones de violencia en las escuelas.
- Analizan si las nuevas tipificaciones de delitos que propondrán quedarán acotadas sólo a padres y docentes o también incluirán a alumnos mayores de 16. Entre ellos se multaría a padres que dejen, por ejemplo, a sus chicos en la escuela fuera del horario de cursado.
- Se prevén multas, prisión o trabajo comunitario.
Observatorio de Convivencia Escolar
Se constituiría como un consejo consultivo con las universidades públicas y privadas que tienen competencia en temas educativos, representantes de los tres poderes, la DGE y representantes de ONG vinculadas a temas educativos y el SUTE.
El defensor de los docentes
Quieren crear una figura para asesoramiento jurídico de los docentes y seguimiento de los casos presentados.

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