El secretario de Seguridad de la Comuna de General Pueyrredon, Adrián Alveolite, fue imputado por los delitos de ?abuso de autoridad? y ?falsedad de instrumento público? en el marco de una denuncia presentada por una comerciante en el la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 10. Los fiscales Javier Pizzo, Lorena Hirigoyen y David Bruna llamaron a declaración indagatoria al funcionario, quien el jueves se presentó para responder a las acusaciones. En la misma causa se encuentran imputados una directora de la Secretaría de Seguridad, Mónica Vargas y el inspector municipal Gustavo Tonello, quienes el miércoles también prestaron declaración ante la Justicia.

La denuncia contra Alveolite la formuló en julio del año pasado una comerciante que lo acusó por abuso de autoridad. La mujer aseguró que el secretario de Seguridad y los dos empleados municipales también imputados clausuraron un comercio que ella le alquila a otra mujer. Anteriormente el lugar había sido el garaje de la casa de la denunciante. ?La excusa fue que el comercio carecía de habilitación cuando se podía observar pegado a la vidriera la habilitación hasta el año 2015?, dijo la propietaria del lugar en una nota presentada ante el Concejo Deliberante. Y aseguró que luego se enteró de que la clausura se produjo por una falsa denuncia que los funcionarios no chequearon. La mujer dijo que Alveolite, una vez ocurrida la clausura, ingresó a su domicilio particular pateando la puerta y lo acusó de corrupción.

Ayer a la noche, en diálogo con LA CAPITAL, Alveolite confirmó que prestó declaración indagatoria y se defendió. "Se trata de un hecho viejo ocurrido hace prácticamente un año atrás. Ya hemos dado todas las explicaciones que la Justicia nos requirió sobre los hechos investigados y denunciados y por supuesto no se trata de un hecho ligado a la falta de transparencia sino que se ha cuestionado la forma de actuar, brindando fundamentos veraces y comprobables", afirmó el funcionario. Y agregó: "El local comercial de calle Garay 1219 fue clausurado por la Municipalidad porque la habilitación estaba vencida y porque la declaración jurada presentaba irregularidades. Asimismo, de las pruebas existentes también surge que la señora Calligaro y el señor Pacheco ocupan sin derecho la vivienda sita en la esquina de Garay y Alvear, habiendo construido un local en el garaje de la propiedad, el cual no tiene planos de obra aprobados".

Para Alveolite son "falsas y maliciosas las afirmaciones respecto al ingreso violento del personal municipal".

"La investigación relativa a tal cuestión fue archivada por la fiscalía, sin que ningún funcionario haya sido imputado. Igualmente de mal intencionadas y falsas son las atribuciones de hechos de corrupción, motivos que darán lugar al inicio de acciones legales contra quien lo ha afirmado", sostuvo el secretario de Seguridad. Y agregó: "Esta es la única verdad, y se puede corroborar con las pruebas que posee la Justicia. Además de dar todas las explicaciones que fueron necesarias entendemos que no hemos violentado a nadie con nuestra acción de control".