Los imputados son Federico Bosch, Selva Nieto, Mabel Rivero y Etel Musri, quienes están acusados de asociación ilícita, falsificación de instrumento privado, falsificación de sellos y fraude a la administración pública. Además, tendrán que depositar una fianza de cincuenta mil pesos cada uno para permanecer en libertad.

Los cuatro imputados (tres de ellos trabajan en planta permanente y uno contratado) llevaban cuatro años en Matriculaciones. Pero las dudas sobre el funcionamiento de la dependencia surgieron el miércoles de la semana pasada, cuando un empleado del Ministerio se acercó hasta el quinto piso de la Casa de Gobierno para realizar una consulta por un trámite realizado en la oficina, ahora clausurada bajo llave.

En ese momento saltó a la luz la existencia de una factura, aparentemente falsa, por lo que se decidió abrir una investigación para determinar si, efectivamente, se había cometido un delito. Aparentemente, cuando los profesionales y no profesionales acudían a tramitar o renovar su matrícula se les recibía la documentación, pero, contrariamente a lo que establece el sistema, no eran enviados a abonar el monto correspondiente a la oficina de Tesorería, sino que se les cobraba en el mismo lugar. Ahí mismo se les entregaba una factura falsa como comprobante de pago, lo que hacía que los estafados no cayeran en la cuenta sobre lo que estaba sucediendo en el lugar.

Bosch, Nieto, Rivero y Musri se negaron a declarar este lunes. Como la fiscal especial Claudia Ríos, quien está a cargo de la causa, se encontraba en el debate en el jucio contra Daniel Aguilera, fue su par Daniel Carniello quien realizó la imputación.

La situación de los señalados como autores de un nuevo caso de corrupción comenzó a agravarse el viernes por la tarde, cuando Ríos arribó a la Casa de Gobierno para inspeccionar el lugar y hacerse de la documentación correspondiente para avanzar con el caso.

A partir de entonces, la información recolectada por la fiscal especial y personal de Investigaciones y del Poder Judicial comenzó a confirmar lo que tanto se temía en el Ministerio de Salud: las irregularidades en el cobro de matrículas pudieron comprobarse y, en consecuencia, la documentación secuestrada permitiría demostrar la existencia del delito de estafa perpetuado por los empleados que se desenvolvían en la oficina de Matriculaciones y Certificaciones.