Tal como lo venía anticipando en exclusiva LA BRÚJULA 24, Bustos había quedado complicada tras la realización de peritajes que determinaron que, por lo menos, 11 de los pasajes robados de la oficina de administración del hospital fueron confeccionados por la propia ex edil oficialista.

“El patrimonio escritural pertenece a Gabriela Bustos”, repitió en sus conclusiones el experto calígrafo en el informe al que tuvo acceso exclusivo este diario digital.

Fuentes judiciales confirmaron esta tarde a LB24 que Bustos quedará imputada formalmente de los delitos de “falsificación de documento público, uso de documento público falsificado y defraudación a la administración pública”.

Una vez indagada por el fiscal Duizeide, la acusada quedará a un paso del juicio oral en el que, eventualmente, podría ser condenada a una pena de hasta 6 años de cárcel.

La dirigente justicialista utilizó los pasajes robados en beneficio propio y de terceros, entre ellos familiares y amigos. Según la hipótesis que manejan los investigadores, la joven -que trabajó en entre 2002 y 2011 como asesora del centro de salud- metió la mano en los armarios donde se guardaban los talonarios de boletos y los usó a su antojo.

Lo que más indignó a las autoridades del Penna fue que esos pasajes estaban destinados exclusivamente para pacientes con graves enfermedades que no tenían recursos para viajar a La Plata o Buenos Aires a realizarse tratamientos de alta complejidad.

En mayo de 2012, tras la revelación de LA BRÚJULA 24 de la existencia de la causa penal, Bustos pidió licencia y abandonó la banca que ocupaba en el bloque del Frente para la Victoria del Concejo Deliberante. En su momento, la ahora imputada, recibió el apoyo de varios de sus pares y de organizaciones de Derechos Humanos.

Su relación “intermitente y sin compromiso moral” con Abel Córdoba

Luego de que salieran a la luz los detalles del escándalo por el uso indebido de pasajes destinado a personas de escasos recursos, la relación amorosa que la concejal Bustos mantenía en reserva con el fiscal Ad Hoc de Derechos Humanos, Abel Córdoba, rápidamente comenzó a hacerse pública.

Todavía no se conocían los nombres de los beneficiados con los viajes a Buenos Aires, pero se sospechaba que quienes habían recibido esos beneficios irregulares eran allegados a la concejal. Córdoba intentó una reacción rápida para despegarse de la denuncia, que según creía podía amenazar su carrera y el trabajo realizado al frente de la causa V Cuerpo, de la cual el padre de la edil investigada, René Bustos, era víctima.

Sin embargo, para su imagen pública el remedio fue peor que la enfermedad: difundió un comunicado para explicar que su relación con Bustos era “intermitente, de carácter informal y sin compromiso moral”. La falta de caballerosidad generó el repudio generalizado de todo el cuerpo femenino del Concejo Deliberante.