El juez Mauricio Zabala había definido que Néstor Guerrero, Alberto Diez y José Silva Enríquez fueran trasladados ayer desde su lugar de detención en la dirección de Seguridad Personal de la Policía al Juzgado de Instrucción 6 para ser indagados, en el marco de la causa que investiga la muerte de siete personas en el derrumbe del supermercado Cooperativa Obrera. Sin embargo, ninguno de los imputados accedió y la cita, prevista para las 10, quedó en la nada.

Zabala deberá expedirse en las próximas horas sobre los pedidos de eximición de prisión presentados por los abogados defensores el mismo día en que se ordenó la detención, en el caso de Diez, y ayer para Guerrero y Enríquez.

La decisión de negarse a prestar declaración no implica, en ningún caso, un perjuicio futuro para los imputados. Tampoco puede ser considerada en ninguna instancia como una aceptación de culpabilidad. Se trata de un derecho procesal que asiste a cualquier imputado en un proceso legal, ya que no se trata de una obligación y negarse puede ser parte de la estrategia de la defensa.

Así las cosas, el Juzgado 6 comenzará ahora un nuevo proceso de investigación a partir de las pruebas recolectadas por el equipo de fiscales que elevó la instrucción y las nuevas que, a partir de pedidos puntuales de Zabala, se sumen a la causa.

Por lo pronto, el juez tiene que resolver los pedidos de excarcelación presentados por los tres imputados. Esto ocurriría entre hoy y mañana.

Los argumentos planteados por las defensas tienen un elemento central que Martín Segovia, abogado de Guerrero, expuso públicamente el viernes, en declaraciones a LU5: no existe, según entienden, riesgo de que alguno de los tres detenidos se evada del proceso. En el caso del propietario del inmueble, Segovia puso en valor la historia del empresario de la construcción con la ciudad y con la provincia, donde nació y desarrolló su actividad. "Mi cliente es un empresario, un ciudadano nacido y criado en Neuquén, que tiene sus vínculos parentales y afectivos en Neuquén, sus negocios en Neuquén, su familia en Neuquén, sus inversiones en Neuquén", remarcó para argumentar que, al menos en su caso, la posibilidad de fuga no existía.

El fiscal del Tribunal Superir de Justicia José Gerez, que trabajó junto a Sandra González Taboada y Pablo Vignaroli en el pedido de instrucción con la detención y la inhibición total de los bienes, fundamentó que los tres cuentan con los medios económicos como para "sustraerse de la aplicación de una eventual condena". También afirmó que la comunicación entre ellos o con posibles testigos podría afectar la investigación, aunque luego aclaró que no estaban incomunicados.

La causa aún no tiene carátula, aunque los fiscales la enmarcaron dentro de lo que se puede considerar homicidio con dolo eventual o estrago. Gerez argumentó el viernes, horas después de que los acusados fueran detenidos, que el hecho de que los tres hubieran construido, además de los diez departamentos, el supermercado, les permitía contar con información precisa de las falencias estructurales del edificio y que, de todos modos, decidieron continuar con las obras. Argumentó además que hubo un desinterés sobre las consecuencias posibles, entre ellas, el colapso de la obra.