Menem está angustiado por cómo será su fin de ciclo político.
Y tienen razón en un sentido.
Se trata de un ex presidente elegido dos veces por el voto popular que no tiene comparación con un dictador que puso en marcha la represión ilegal de la dictadura. No se sabe si el fin de Videla pasó por la cabeza de Menem, pero sí que ayer justificó su ausencia a la audiencia del juicio por la venta ilegal de armas por sufrir de “angustia”, entre otras razones.
La Historia se encargará de hacer un balance sobre su gestión como ex presidente. Ahora la Justicia lo condenó por una de las facetas de su gobierno: la corrupción. Y esta pena de 7 años de prisión le creó un problema político a la presidenta Cristina Kirchner.
Por lo pronto, Cristina enfrentará a dos dilemas. Por un lado, ¿le ordenará a sus senadores que apoyen la votación del desafuero que impulsa la oposición o le mantendrá la protección política a un aliado clave?
Por otro, un eventual desafuero dejará un precedente político clave para el futuro. Ninguno ex jefe de Estado había sido condenado desde 1983 hasta ahora. Fernando De la Rúa solo está procesado en el juicio oral por el pago de sobornos en el Senado. Es la única causa de peso que tiene abierta.
Pero Cristina deberá sopesar que Menem tiene en curso, por lo menos, otras media docena causas judiciales en las que está procesado o con otros niveles de sospecha. Está complicado en las causas por las irregularidades en la investigación de la AMIA, por ocultar una cuenta bancaria en Suiza, por la investigación del pago de sobornos de Siemens por el contrato de los DNI y por el caso de la privatización del espacio radioeléctrico en manos de la francesa Thales, entre otros.
Más allá del problema que la crea a Cristina, la condena Menem demuestra que no existe impunidad política para siempre en la Argentina.
Menem fue el hombre más poderoso del país entre 1989 y 1999. Además, del Gobierno controló las dos cámaras del Congreso y a la “mayoría automática” de la Corte Suprema.
Durante su gobierno y unos años después de 1999 logró primero frenar y luego “lavar” la causa de las armas de los delitos más graves como asociación ilícita. Se sacó de encima al fiscal Stornelli -el motor de la investigación judicial- y logró el cajoneo del expediente por año.
El fallo de ayer muestra que, tarde o temprano, los resortes de la democracia funcionan. Aunque en la Argentina haya 750 causas por corrupción política sin condena, el fallo deja un mensaje para Cristina en el sentido de que ni siquiera los ex presidentes tienen comprada la impunidad para siempre.
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