A casi seis meses de la represión registrada durante la sesión del Concejo Deliberante en la que se aumentó el precio del boleto de colectivo, los concejales impulsan un proyecto de resolución por el cual se solicita que se desarrolle una mediación penal para resolver la situación de 18 personas procesadas por daños causados contra el Palacio municipal.

En mayo de este año, la causa judicial volvió a la Fiscalía de Flagrancia luego que fracasaran las audiencias de mediación. El Coordinador General de Mediación, Sergio Irigoin, dijo que las partes no pudieron llegar a un acuerdo ya que no hubo presentación alguna por parte de la Municipalidad en los encuentros que se realizaron. 

"El Departamento Ejecutivo envió un escrito en el que señaló que le corresponde al Legislativo participar de las reuniones ya que en ese ámbito se produjeron los incidentes", explicó. Por su parte, desde el Concejo Deliberante se envió una nota en la que detallaron que el ámbito donde se produjeron los disturbios está dentro del edificio de la municipalidad por lo que según la Carta Orgánica no le corresponde a ellos acordar con la otra parte. 

Esta diferencia de criterios impidió reunir a las partes aunque los manifestantes que participaron de las audiencias habían mostrado voluntad de llegar a una mediación exitosa.

En el nuevo proyecto presentado por los ediles, se mencionan los incidentes ocurridos durante la sesión pública del pasado 10 de enero, que motivaran el accionar policial y la respectiva formación de causa por el delito de daños, bajo el número de IPP 718/14, de trámite ante la Fiscalía de Flagrancia.

La Ley provincial Nº 13.433 establece el régimen de solución alternativa de conflictos penales, expresando en su artículo 2º que "el Ministerio Público utilizará dentro de los mecanismos de resolución de conflictos, la mediación y la conciliación a los fines de pacificar el conflicto, procurar la reconciliación entre las partes, posibilitar la reparación voluntaria del daño causado, evitar la revictimación, promover la autocomposición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales, neutralizando a su vez, los prejuicios derivados del proceso penal”.

Los concejales afirmaron que “el procedimiento de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos penales se rige por los principios de voluntariedad, celeridad, informalidad, y neutralidad o imparcialidad de los mediadores”. “El sistema procesal provincial permite morigerar la aplicación del principio de legalidad  sin que esto implique vulnerarlo, dando lugar al principio de oportunidad”, añadieron.

Además, afirmaron que “dentro del marco de este principio, se presenta la mediación como una forma alternativa de resolución de disputas que permite a las partes recuperar el protagonismo en un conflicto -que de hecho les pertenece- y arribar a soluciones pacíficas con posibilidades concretas de cumplimiento”.

“A los fines de alcanzar una composición del conflicto, el precepto legal contempla la posibilidad para los imputados de reparar el daño u ofrecerse a hacerlo. En este caso puede aceptarse como intención sincera y razonable, más allá de que no resulte satisfactoria en relación a la extensión total del perjuicio producido, la presentación de disculpas públicas. Ello debido a que no se pueden admitir diferencias o desigualdades en el proceso penal respecto de la capacidad económica de quienes deben cargar con la reparación del daño. Mediante esta alternativa se busca, también, el descongestionamiento del aparato judicial”, finalizaron los ediles.