Los organismos públicos o privados que al no atender con celeridad obligan a clientes o usuarios a esperas mayores de 30 minutos serán pasibles de sanciones que irán de 600 a 10 mil pesos.
“Vemos los formoseños a diario que existen interminables colas en los bancos y otras entidades públicas y privadas que llegan incluso a doscientos o trescientos metros y con los problemas climáticos habituales deben soportar lluvia, frío o calor de manera inexplicable constituyendo un hecho marcadamente injusto”, sostuvo el edil.
La propuesta que impulsa Amarilla consiste en que el Parlamento Comunal sancione el proyecto de ordenanza que considera “violación a los derechos de los usuarios y consumidores e infracción la espera por un lapso mayor a treinta minutos en toda empresa de servicios públicos, sea de propiedad pública o privada”.
Explicó el concejal que la medida será aplicable por “por cualquier trámite que el usuario deba realizar; así como en ventanillas y/o cajeros automáticos, en instituciones financieras y no financieras, que presten servicios de cobranzas de impuestos o servicios públicos, tanto nacionales, provinciales o municipales, y de pago de haberes de trabajadores jubilados y pensionados, y de trabajadores activos que por convenios o disposiciones de cualquier naturaleza, deban percibir sus haberes en dichas instituciones”.
Propone que el Ejecutivo comunal designe la autoridad de aplicación, una vez aprobada la norma.
Además, considera que todas las entidades alcanzadas por el proyecto legislativo “deberán tener un libro de denuncias autorizado por la autoridad de aplicación, que debe estar en un lugar visible y adecuado para poder escribir, sobre una mesa o mostrador, y donde el consumidor asentará su reclamo precisando el tiempo perdido en la cola”.
“Quedarán obligados además a la colocación de afiches informativos en la puerta de ingreso a las entidades comprendidas para conocimiento de usuarios y consumidores como así también poner a disposición de éstos un sistema de registro de horario de llegada y de salida con la especificación del trámite a realizar”, precisó.
Los organismos que trasgredan la ordenanza y una vez comprobada una espera superior a los 30 minutos por parte de los usuarios serán penalizados con una multa de 600 a 10.000 pesos. La misma se graduará conforme el tiempo final de espera, mediante una escala que será confeccionada por la autoridad de aplicación, apuntó Amarilla.
Propuso que lo recaudado por la aplicación de estas multas será destinado un 50 % a las asociaciones o fundaciones dedicadas a la defensa de los usuarios y consumidores y el 50 % restante para la Tesorería del Municipio.
El edil destaca que el régimen sancionatorio está previsto en el artículo 45 de la ley nacional 24.240 y modificatorias -ley nacional de defensa del consumidor y del usuario- sin perjuicio de que la autoridad de aplicación pueda ampliarla para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
“Existen varias normas similares a la presente en varias provincias y municipios del país. Algunas provincias incluso sancionaron leyes como Río Negro que dictó la ley 2815 y San Juan bajo el número 7.389. Ante planteos de empresas de Río Negro sobre la ley sancionada, la justicia rionegrina ratificó la constitucionalidad de la ley que establece sanciones de 600 a 10 mil pesos a los bancos que obliguen a sus usuarios a hacer “cola” por más de 30 minutos”, recordó Amarilla.
Consideró que la Municipalidad de Formosa, en virtud de su autonomía, posee la facultad para dictar “una norma de protección a los sectores más débiles en la relación económica y en defensa de los usuarios consumidores en nuestra ciudad”.
“Vemos a personas mayores, condenadas a soportar largas colas, siendo convertidos de hecho en verdaderos rehenes de un sistema que no ha contemplado los efectos secundarios que acarrea en su funcionamiento. Para algunas entidades pareciera que el concepto del humanismo tan preconizado por todas las culturas y sectores del pensamiento en nuestro país y en el mundo, se hallan olvidados”, denunció.
Ante esos hechos señalados Amarilla señaló: “los concejales debemos hacer una defensa activa de los usuarios y sus derechos. Es nuestro deber como representantes del pueblo dejar de ser meros espectadores de un hecho que hace años se viene presentando sin que haya intenciones de mejorar.
El objetivo central del presente es lograr hacer que se respete la dignidad de la persona. Y respetar la dignidad de las personas es respetar los tiempos y los horarios de los mismos”, enfatizó.
“Los que hemos padecido hacer una cola en alguna entidad y hemos estado dos horas en la misma, donde hemos visto gente discapacitada, gente en silla de ruedas, abuelos que se han descompuesto, comprendemos que resulta más que imperioso tratar y sancionar esta norma por ser un acto de estricta justicia”, concluyó.

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