“Apuntamos a lograr dentro de la población una mayor sensibilización acerca de esta temática y una mayor toma de conocimiento respecto de este problema”, añadió el edil.

La iniciativa prevé que participen del encuentro representantes de la subsecretaría de Género, Niñez y Adolescencia; del Colegio de Escribanos, del Colegio de Abogados, del Movimiento por la Cuota Alimentaria (CUAL), del Centro Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM), Tribunales de Familia del Departamento Judicial Mar del Plata, de la Oficina de Promoción por la Igualdad, de la Facultad de Derecho y del Centro de Protección de los Derechos del Niño”.

Rosso destacó que la Ordenanza que creó el Registro en cuestión “fue promulgada en 2002 como una herramienta útil a la problemática que afecta a aquellos que con derecho a percibir cuotas alimentarias estipuladas por un Juez -en su mayoría menores de edad-, no las reciben. En su momento fue un avance destacado”.

“Asimismo –subrayó-, en concordancia con la Ley Provincial Nº 13074 que fue promulgada en 2003, el tema primordial que impulsó su creación fue tomar conocimiento de la gravedad de la situación en el caso de matrimonios divorciados o separados de hecho, de lo que se desprende la obligación alimentaria para el padre o madre no convivente a favor de los hijos menores, estimándose entonces que el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria rondaba el 70 por ciento del total de casos que toman estado judicial”.

Para ilustrar la entidad de esta herramienta, Rosso recordó que en su articulado, la Ordenanza determina: “El Registro mencionado tendrá las siguientes funciones: - Llevar el listado de todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme. - Expedir certificados en forma gratuita ante el requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada. Y que la inscripción en tal Registro o la baja correspondiente, se hará solamente por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte".

“A partir de la creación de este tipo de Registros debemos destacar que su existencia misma actúa como instrumento disuasorio, toda vez que aquellas personas asentadas en él tienen restricciones como lo contemplan los Artículos 4º y 6º y 7º de nuestra Ordenanza: Las Instituciones u Organismos Públicos del Municipio de General Pueyrredon no podrán otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisión respectiva deberán requerir a la Secretaría de Gobierno la certificación de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos”. dijo el edil de AM.

“Los proveedores de todos los organismos del Municipio deberán, como condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentran en el Registro. En caso de personas jurídicas, debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos”, agregó.

Y recalcó: "Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación acordada cambie de titularidad, deberá requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación”.

Por último, remarcó que “hoy funcionan 18 registros distritales de este tipo en Argentina -17 en provincias y uno en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por si fuera poco, diferentes instituciones y la prensa misma aportan datos actuales respecto del tema. Como ejemplo significativo valga el que sólo tres de cada diez padres que no pagan esa cuota figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la ciudad de Buenos Aires, el primero en constituirse, en 2000”.

“Con la vigencia del Registro que nos ocupa y su conveniente actualización y divulgación como palanca que verazmente logre apuntalar un tema de fuertes connotaciones sociales, generaremos un ámbito que permita acompañar a quienes deambulan sin quererlo para lograr que se cumpla algo, que más que un deber legal, es ante todo un deber moral”, concluyó Rosso en una gacetilla de prensa