Gracias a la "Operación Brucela" dirigida por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se ha destapado en España una red dedicada a la inyección ilegal de la hormona somatotropina bovina (BST) en varias granjas lácteas gallegas. Hormona que incrementa la producción láctea pero que la Unión Europea tiene clasificada como prohibida ya que afecta gravemente la salud humana.
La operación abierta hace más de un año, dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Lugo, afecta a prácticamente todos los municipios de esta provincia.
Una hormona polémica
El uso de la somatotropina bovina está permitido en Estados Unidos, donde no se detectó riesgo para la salud humana. En cambio, está prohibido en Canadá, en la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda donde hay estudios que concluyen que leche y derivados producidos bajo la administración de esta hormona aumentan el riesgo de cáncer de mama, provocan arritmias, malformaciones en fetos y hasta diabetes.
Los implicados: nacionales e internacionales
Solo de la provincia de Lugo, el número de personas que fueron involucradas en la presunta trama se aproxima a las sesenta. Las demás se reparten entre A Coruña, Santander, Asturias, Lérida y otras provincias españolas con una importante industria ganadera.
El dinero de la multa será reintegrado a la Unión Europea
Según publicó La Voz de Galicia el producto que se administraba a las vacas supuestamente procedía de los mercados de México. Era un ciudadano de este país quien, lo introducía irregularmente en España.
Llegaba en pequeños envases que contenían las ampollas con la hormona. La puerta de entrada era el aeropuerto de Barcelona El Prat, donde, al parecer, algunas personas encargadas del control de las mercancías hacían la vista gorda. De hecho, en la lista de imputados hay funcionarios que tuvieron labores de vigilancia en la terminal aeroportuaria catalana.
Con el producto introducido en España todo era más fácil porque el cabecilla de la trama tenía una red perfectamente distribuida en diversas provincias que recibían diversas partidas de la hormona para, luego, despacharla entre los ganaderos que, en algunas explotaciones, la utilizaban de forma masiva.
Muchos de los imputados son pequeños productores, pero también estarían involucradas algunas personas vinculadas con industrias lácteas que supuestamente conocían la operativa y no la pusieron en conocimiento de las autoridades.
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