Covelia, que es investigada por la Justicia bonaerense por presunta extorsión a intendentes por la contratación de sus servicios, adquirió 300 hectáreas de ese predio a la Universidad platense con la intención de construir allí una "base operativa" para el traslado de basura.

El proyecto generó la inmediata reacción de organizaciones ambientalistas y vecinos de Lomas de Zamora, quienes reclamaron la protección del lugar. Y luego de varios años de planteos, ayer la Legislatura aprobó una ley que protege al considerado "el último pulmón verde del Conurbano".

La ley establece dos aspectos diferenciados. Por un lado, el área todavía en manos de la Universidad fue declarada "paisaje protegido", mientras que el predio en manos de Covelia donde existía una laguna "que fue secada por la empresa", según denunciaron legisladores, será reserva natural. "Así, la empresa no va a poder hacer nada en el lugar que perjudique el medio ambiente", dijo el diputado del Gen, Marcelo Díaz.

La medida fue fundamentada en que el área propiedad de la firma "alberga una diversidad de ambientes, con una gran variedad de especies autóctonas de flora y fauna".

Díaz, uno de los impulsores del proyecto junto a otros legisladores de Lomas de Zamora, adelantó que "voy a presentar escritos ante la Justicia y el gobierno bonaerense para que se garantice la seguridad del predio, que se reglamente la ley y que se evite la toma de tierras".

En tanto, el diputado Walter Martello (Coalición Cívica) dijo que "demasiado daño ambiental, demasiadas presiones cruzadas, no han podido ir en contra del sentido común y realmente celebro que el interés empresario no privó sobre la defensa de un derecho constitucional como el de gozar de un medio ambiente sano".

FRENO JUDICIAL

Cabe destacar que la Justicia había frenado hace unas semanas la ejecución de trabajos en el predio. El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó a la empresa la inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad en el predio y Laguna Santa Catalina y la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo que se encuentre en el mismo, así como también la prohibición del ingreso de cualquier vehículo, maquinaria y material.

Así, el magistrado había hecho lugar a una medida cautelar en el marco de la causa "Mendoza", donde la Corte Suprema de Justicia ordenara en 2008 la puesta en marcha de un plan integral de saneamiento de esa zona hídrica incluido en la Cuenca Matanza-Riachuelo.