La federación ambiental que impulsó en 2007 la clausura de la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado insiste en que la empresa concesionaria del servicio nunca completó con las obras necesarias para mitigar las consecuencias negativas de la actividad que realiza en el lugar.

"No dispone de laboratorio químico ni biológico adecuado en la planta, no presentó estudios de seguimiento de los procesos que desarrollan en el predio y no dispone de un staff de profesionales que manejen con solvencia técnica la química y la biología de los procedimientos de la planta. Es decir, la impericia predomina en el manejo de la planta", advirtieron los ingenieros Pedro Otonello y Juan Manuel Prado Iratchet, presidente y secretario general de la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán, respectivamente.

Los especialistas refutaron los dichos de Silvia Peyracchia, abogada de Mario Criado, gerente de la empresa ya imputado de presunta contaminación en la Justicia Federal. "En la causa provincial no se investigan delitos de contaminación, sino que es una causa civil. Este juicio fue ganado por la empresa. Existe una sentencia del juez Juan José Aráoz (hoy fallecido), en la que considera que la planta no contamina y que constituye un esfuerzo empresarial encomiable en el tema evolutivo de los residuos sólidos urbanos, si se considera la situación de la basura en Tucumán, 10 años antes de Pacará Pintado", afirmó el jueves la letrada a LA GACETA.

"El fallo de primera instancia es contradictorio, ya que considera suficiente para la protección del medio ambiente que la Dirección de Medio Ambiente haya conferido el certificado de aptitud. Es decir, afirma que si la planta tiene sus papeles en regla, no contamina. Sin embargo, en párrafos siguientes considera que sí tiene facultades para "disponer una serie de medidas correctivas" que debió haber cumplido y no cumplió la planta de Pacará Pintado", replicó la federación.

Finalmente, ponderaron las pericias concretadas por la ingeniera María Luisa Genta. "Demuestran que la planta contamina el suelo, el aire, las napas y el río Salí (por lo tanto, también la cuenca Salí-Dulce). Clausurar la planta es una deuda con la sociedad que tienen las autoridades provinciales", cerraron Otonello y Prado Iratchet