Tras una semana complicada en la que hubo serios cuestionamientos al accionar judicial por la liviandad en algunas apreciaciones judiciales y la soltura de peligrosos individuos que en forma inmediata vuelven a delinquir, el magistrado puntualizó, al ser consultado sobre la situación de Lucas Tascón que “la declaración de reincidencia impide que sea beneficiado con libertad condicional, lo que significa que debe cumplir la totalidad de la condena, aunque en todos los casos seis meses antes puede acceder a las libertades asistidas, tal como lo marca la Ley 24660”.

En todos los casos dijo Porras: “hay un fiscal responsable y una fiscal jefe que es la Dra. Adriana Ibáñez que son los que tienen que controlar y nosotros en todo caso controlaremos a posterior si llega alguna denuncia por la actividad que tuvieran en el caso”, aseguró. Más adelante dijo que “a la tercera vez que una persona es declarada reincidente ya se considera como multireincidente, por eso para el MPF si tiene valor la reincidencia y se le puede aplicar reclusión por tiempo indeterminado. Esta es una pena accesoria a la última condena y significa que podría quedar detenido hasta que se evalúa que está en condiciones de egresar”. Cabe mencionar que este instituto está declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. El único caso que se dio en Argentina de una persona que permanece recluido aún hoy es el caso de Carlos Eduardo Robledo Puch, un asesino serial y sociópata. Es considerado uno de los mayores sociópatas y criminales en Argentina.

En este sentido el procurador explicó que desde el MPF ordenaron a todos los fiscales de la provincia que en todas las causas donde se reúnan los requisitos que deben solicitar la declaración de reincidencia. Esto a partir de que en algún momento se cuestionó la constitucionalidad del instituto de reincidencia, por eso se instruyó a los fiscales a sostener la constitucionalidad de la reincidencia. “Esta política del MPF necesariamente debe estar acompañada por acciones de los otros poderes en la ejecución de la pena, es decir el juez de ejecución que debe exigir desde el primer día que el ejecutivo cumpla con su obligación de organizar el servicio en la ciudad o bien derivar a esa persona a un establecimiento de cumplimiento de pena y controlar que efectivamente lo haga”, aseguró Porras.

Reiteración delictiva: un círculo vicioso

Al referirse a los recientes hechos comentados en todos los medios sobre individuos que una y otra vez son detenidos por los mismos delitos, el procurador general dijo: “El problema de la reiteración delictiva no es un problema del que hay que ocuparse a la hora de sancionarlo, solamente, porque si el Estado durante el cautiverio no cumple con su obligación de darle los elementos para su resocialización al individuo, ya sea que cumpla muchos o pocos años, esta persona en algún momento va a egresar y va a cometer nuevamente delitos. Entonces es un tema que no se detiene solamente en la declaración de reincidencias, porque si el Estado no cumple igual vamos a tener consecuencias a futuro. Los responsables de que esto se cumpla son dos: el poder ejecutivo que es a quién le compete la ejecución de las penas y en segundo lugar a la Judicatura porque en Comodoro y en toda la provincia hay un juez de ejecución que es quién controla que el Estado efectivamente le aplique al detenido tratamientos de resocialización”, dijo.

“Me parece que es hora que los jueces de ejecución opten por el camino debido que es cumplir la ley y a la persona privada de su libertad enviarla a establecimientos de ejecución de pena o por lo menos exigirle al poder ejecutivo que en el ámbito local cumpla con la Ley de Ejecución de Pena, es decir la resocialización de los detenidos y con esto estaríamos disminuyendo los riesgos de reiteración delictiva en el futuro”, aseveró Porras.