El Colegio de Martilleros finalmente logró su cometido. Puso en marcha una serie de acciones en dos vías para intentar detener una subasta que cuestionó desde sus inicios, aunque con distintos argumentos.

Lo cierto es que, tal como adelantó ayer este diario, la entidad profesional se presentó temprano en la Fiscalía de turno, a cargo de Fernando Moine, a denunciar una supuesta ilegalidad en la convocatoria y también en la designación del martillero para el remate.

“Entendíamos que la subasta no podía ser realizada porque la convocatoria y la designación del martillero son ilegítimas. Lo seleccionaron obligándolo a renunciar a los honorarios. El martillero puede eventualmente cobrar los honorarios y luego donarlos, pero no negarse a cobrarlos”, explicó Víctor Rostagno, apoderado legal del Colegio.

“Ahora que la subasta fracasó por falta de postores el martillero tiene una comisión ficta superior a los 300 mil pesos. Lo que debe hacer es completar el talonario de recibo por honorarios, pagar a la DGI Ganancias y si quiere donarlo, lo dona. Porque ahora esto se transforma también en una presunta violación a la Afip. Porque devengó el honorario, tiene que pagarle al Colegio el porcentaje correspondiente y además, a la Afip por Ganancias. Es decir, estas renuncias ilegales traen este tipo de consecuencias”, alertó el representante legal de los martilleros.

Para Rostagno, el modo en que se estructuró la subasta configura “un accionar absolutamente ilícito y obligado por el Ejecutivo Municipal. Todos los actos administrativos que realizan los poderes públicos deben ser conformes a las leyes vigentes. Y en este caso se vulnera la ley 7191. Ahora, a partir del resultado de la subasta deberán pagarle el porcentaje correspondiente al Colegio, que no donó nada. Esa renuncia es inoponible al Colegio y también a la Afip”, dijo.

¿Por qué se presentaron ante el fiscal?, le consultó PUNTAL.

Por esta ilicitud y porque además la subasta estaba publicada como judicial y no puede ser de ese modo nunca en un remate que no tenga esas características, como éste. Cuando se lo cataloga como judicial hace presuponer que hay un juez que está amparando el derecho del comprador y acá no existe. Además, cuando el remate es oficial, igualmente el martillero no está habilitado para hacer la transferencia de dominio. Eso lo debe hacer por medio de escritura pública, y un escribano no lo puede hacer si no tiene bloqueado el dominio. Cuando fuimos a verificar si el martillero tenía bloqueado el dominio no había pedido ni siquiera el informe de venta. Había una serie de incumplimientos a las características del propio remate oficial que se estaba haciendo. Por eso que no se haya realizado la subasta ha sido una situación de beneficio para los compradores que decidieron no presentarse ante todas esas ambigüedades que nosotros pusimos de manifiesto.

El hecho de que el Municipio designe directamente al martillero, ¿es violatorio de alguna norma?

Entendemos que cada Municipio en los remates oficiales puede designar al martillero. Pero también entendemos que hay una práctica utilizada por este Municipio y cuyo cambio atenta contra la transparencia.

¿Qué práctica?

El Municipio convocó al Colegio unos meses atrás para vender unos caños, y pidió la designación de tres martilleros por sorteo. Entonces, por qué motivos, si conoce la normativa y el Colegio le brinda el servicio, decide cambiar. Por qué para dos inmuebles de esta envergadura designa a un martillero y para lo otro, tres. La transparencia en el ejercicio del gobierno es lo que termina afectando y no la legalidad. Además, se escuchó el argumento de quienes veían positivo que el Municipio no tenía que pagar nada. Eso, en alguna medida está elogiando al martillero que vulnera y quebranta la ley. Estamos poniendo lo ilegal como paradigma.

¿La presentación judicial va contra el Municipio, contra el martillero o contra ambos?

Lo que hicimos es dar a conocer el hecho. El que debe imputar, y ha dado trámite a la denuncia, es el fiscal, que determinará quiénes son los coautores responsables si estima que se ha configurado el delito. Lo que nosotros interpretamos es que hubo un daño patrimonial. Nosotros pusimos algún tipo de figura penal a consideración del fiscal para que la investigue concretamente. Incluso hay una figura expresamente prevista en el artículo 174 inciso 11 que habla de la estafa calificada.